El coronavirus deja en suspenso la investigación de una decena de casos de corrupción en los juzgados

   VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El coronavirus ha llegado también a la justicia valenciana y ha dejado en suspenso la investigación de una decena de casos de corrupción que llevan a cabo diferentes órganos valencianos, el más antiguo se comenzó a instruir en el año 2014. Se trata de las supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València que Fiscalía Anticorrupción activó en 2014 y que está prácticamente archivado.

   En total, una decena de casos de corrupción que van desde esa fecha hasta la actualidad. Empezando por la Fórmula 1 y contuando por las causas de IVAM y Avialsa (2015); Taula (2016); caso del Hospital General (2017); Erial, caso Papa y Alquería (2018); la investigación que afecta a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, por las ayudas al valenciano y caso Azud (2019).

   Fiscales de Anticorrupción de Valencia han indicado a Europa Press que estos procedimientos están, por el momento, paralizados a la espera de cómo vaya evolucionando el coronavirus. Mientras tanto, siguen estudiando las causas y elaborando escritos para adelantar material con el objeto de cuando se retire el estado de alarma, se pueda recobrar también la normalidad en los juzgados.

   El primero de los casos que queda paralizado, el de la F1, se dividió en varias piezas. La principal, la relativa a la organización del evento deportivo y que afecta al expresidente de la Generalitat Francisco Camps (PP) está prácticamente archivada. Se ordenó su cierre, pero tras un recurso se reactivó únicamente para investigar el aval otorgado a la empresa Valmor. Existe otro procedimiento en instrucción relacionado con diferentes contratos para el evento.

   Por otro lado, en 2015 se destaparon presuntas irregularidades cometidas por la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar entre 2004 y 2014. La causa se dividió en dos piezas. La principal, que está a la espera de que se dicte auto de procedimiento abreviado y que se abrió por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación, en relación, entre otros aspectos, con la supuesta promoción que hizo Ciscar de su hijo Rafael Blasco 'Rablaci' en China a cargo del centro cultural.

   Y la segunda del IVAM, que está pendiente del señalamiento de la fecha de juicio, y hace referencia a un fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.

   Así mismo, otro juzgado valenciano, de Sagunt, investiga desde 2015 el conocido como caso Avialsa por el que fue detenido el exdelegado del Gobierno valenciano Serafín Castellano, quien también ocupó diferentes carteras en el Consell en la etapa del PP. Se trata de la conocida como 'trama del fuego' relativa a un presunto fraude en contratos de extinción de incendios, entre otras particularidades.

   Dentro de este procedimiento, la pieza principal que afecta a Serafín Castellano se está instruyendo en la Audiencia Nacional, mientras que en el juzgado de Sagunt, tras varios archivos, quedan investigándose otras dos piezas.

TAULA Y EL 'PITUFEO'

   En 2016 se destapó en València el caso Taula, que se llevó por delante a casi todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de València por un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros, el llamado 'pitufeo'. También se investiga el pago de mordidas en la Generalitat y en la Diputación provincial. En total, hay hasta ocho piezas que permanecen abiertas en un juzgado de la ciudad.

   Por otro lado, otro órgano investiga desde 2017 al exgerente del Hospital General de Valencia Sergio Blasco --sobrino de Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad encarcelado por el caso Cooperación-- dentro de una presunta trama de amaño de contratos sanitarios a cambio de comisiones ilegales en la Conselleria de Sanidad, suscritos entre 2005 y 2014, durante el gobierno del PP.

   Un caso de corrupción que también queda en 'stand by' mientras se alarga el estado de alarma como consecuencia del coronavirus es el relativo al caso Erial, esto es, la investigación al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana por presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano.

   Y el caso de la visita del Papa a València. Otro juzgado valenciano investiga desde 2018 supuestas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa a la ciudad. En este procedimiento está imputado, entre otros, Camps y el expresidente de Les Corts y exconseller Juan Cotino, este último ingresado en la UCI de un hospital valenciano con coronavirus.

   Otro órgano investiga, así mismo, el caso Alquería --ahora también paralizado-- por presuntas irregularidades en las contrataciones en Divalterra. Esta causa supuso la detención durante un día del entonces presidente de la corporación provincial y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

   En 2019 se destapó el caso Azud, por el que el juzgado investiga al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València fallecida Rita Barberá, por presuntas 'mordidas' con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana habrían realizado al bufete de este letrado.

   Y, por último, otro asunto que queda en suspenso es el que afecta a Francis Puig, responsable de las empresas Comunicación dels Ports y Mas Mut Produccions, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por ayudas al valenciano.

   Esta causa fue abierta por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido subvenciones desde 2015 sin ningún tipo de control.