VALENCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) - 'La Perla' sí es Milagrosa Martínez y recibió un reloj de 2.400€ por favorecer a Gürtel Defensas pedirán anular la sentencia: la sala estaba "contaminada" Los condenados, citados la próxima semana para ver si ingresan ya en prisión La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009. Así, el Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios ex altos cargos de la administración autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. Por contra, la sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, ex jefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados, según detalla el TSJ. La sentencia recoge para Francisco Correa, 13 años de prisión en total: 3 de ellos por asociación ilícita (además de 13.500 euros de multa y 9 años de inhabilitación); un año de cárcel por tráfico de influencias y multa de 3,9 millones de euros; otros 6 años de cárcel por malversación de caudales públicos y 10 años de inhabilitación absoluta y 3 años más de cárcel, multa de 500.000 euros y 8 años de inhabilitación especial por cohecho activo. Para Pablo Crespo, la pena es de 13 años y 3 meses por los delitos deasociación ilícita (2 años y 6 meses de cárcel, multa de 11.250 eurosy 7 años y seis meses de inhabilitación); tráfico de influencias (1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros); malversación de caudales públicos (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación); falsedad documental (1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros) y cohecho activo (2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación). La información continúa después del interactivo A Álvaro Pérez, 'El Bigotes', le cae una condena de 12 años y 3 meses de cárcel por asociación ilícita (18 meses de prisión y multa de 11.250 euros); tráfico de influencias (1 año de prisión y multa de 3,9 millones); malversación de caudales públicos (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación); falsedad documental (1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros) y cohecho activo (2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación especial). La exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán recibe una condena de 6 años de prisión por asociación ilícita (18 meses de prisión y multa de 11.250 euros); prevaricación administrativa (7 años de inhabilitación especial); malversación de caudales públicos (3 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta); falsedad documental (1 año y 6 meses de prisión y multa de 6.000 euros), mientras que ha sido absuelta de tráfico de influencias. Otro de los 'cabecillas', Cándido Herrero, ha sido condenado a 4 años y cuatro meses de cárcel por asociación ilícita (16 meses de prisión y 5.850 euros de multa); prevaricación administrativa (5 años de inhabilitación especial); malversación de caudales públicos (1 año y 6 meses de prisión, 3 años de inhabilitación absoluta); falsedad documental (1 año y 6 meses de prisión y multa de 3.600 euros). Ha resultado absuelto de tráfico de influencias. La condena de la exempleada de Gürtel Mónica Magariños es 3 años de prisión por asociación ilícita (12 meses de cárcel y 1.800 euros de multa); prevaricación administrativa (5 años de inhabilitación especial); malversación de caudales públicos (2 años de prisión y 5 de inhabilitación absoluta) y también resulta absuelta de tráfico de influencias. La exconsellera de Turismo del PP Milagrosa Martínez es condenada a 9 años de prisión, 6 de ellos por malversación de caudales públicos --delito por el que también se le imponen 10 años de inhabilitación absoluta-- y otros tres años de cárcel por cohecho pasivo (además de 5.000 euros de multa y 8 años de inhabilitación especial). Asimismo, por prevaricación administrativa es condenada a 9 años de inhabilitación especial. Para su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, se han decidido 6 años de prisión por malversación (también por ello 10 años de inhabilitación) y otros 7 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. En el caso del ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Isaac Vidal, la condena es de 7 años de prisión, 4 de ellos por malversación más 10 de inhabilitación; y 3 años de cárcel por falsedad documental (también 2.700 euros de multa y 2 años de inhabilitación). Por prevaricación administrativa, se decreta 5 años de inhabilitación especial. A Jorge Guarro, que fue jefe del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo, se le imponen 4 años de prisión y 10 de inhabilitación por malversación, así como 5 años de inhabilitación por prevaricación administrativa; mientras que Ana Grau --excoordinadora de ferias en la AVT-- ha sido condenada a 3 años de prisión por falsedad documental (más 900 euros de multa y 2 años de inhabilitación especial); y por prevaricación administrativa, 4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial. Ha sido absuelta de malversación de caudales públicos. La sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros. La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde. También prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana. El tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada. El juicio por esta pieza separada del 'caso Gürtel' comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones. PERVERSIÓN DE CONCURSOS EN FITUR Y ENRIQUECIMIENTO INJUSTO La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ve "perversión" en los concursos de las ferias de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, así como un enriquecimiento injusto por parte del grupo de Francisco Correa con la ayuda y aprobación de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez --de la época de Francisco Camps-- y de su entonces jefe de gabinete Rafael Betoret. El tribunal arroja luz al funcionamiento de Turismo con contrataciones de Fitur y a sus relaciones con los cabecillas de Gürtel. Se trata de la primera resolución del caso Gürtel --la pieza tres-- que podría afectar al resto de piezas --cinco-- que se instruyen o juzgan en Madrid. En resumen, así funcionaba el entramado: el grupo Correa utilizaba sus influencias con el PP para "pervertir" los procesos de contratación de la Administración pública valenciana. Las empresas de la trama disponían de la documentación de las ediciones de Fitur antes de que se hiciera pública la convocatoria oficial. La iban preparando, hacían anotaciones a la conselleria para que modificaran algunos aspectos, concurrían y se les adjudicaban las ferias. Por estas ediciones, la trama se enriqueció con fondos públicos valencianos --concurriendo a las convocatorias de manera desleal-- y aumentó sus ingresos facturando gastos "extras" cuando la mayoría de ellos ya estaban incluidos en los objetos del contrato, tales como material, uniformes para los integrantes de los 'stands' o reportajes fotográficos. Y, además, a esta forma de operar se unen "claros sobrecostes" debido a sucesivas subcontrataciones entre empresas del mismo grupo, lo que hace aplicar "márgenes disparatados", así como el "juego" de cobrar dos o más veces conceptos idénticos o sencillamente inexistentes. En general, las facturas no detallaban los conceptos por los que se giraban, y menos aún los importes correspondientes. En total, esto es lo que facturó y ganó la trama: se llevaron de los fondos públicos valencianos un total de 5.696.428,33 euros, de los que 23.733,60 euros los cobraron de manera indirecta mediante una comisión de un catering. De esta cantidad, 1.937.957,98 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 276.812,68 a sobrecostes o duplicidades durante las ediciones de Fitur de 2005 a 2009. GRUPO FCS Y FITUR El Grupo FCS es una organización liderada por Francisco Correa y "estructurada formalmente" por un conjunto de sociedades, entre ellas Orange Market S.L., creada en Valencia en julio de 2003 "como instrumento de la extensión al ámbito de la Comunitat de la actividad de la organización" para aprovechar las posibilidades de negocio que los miembros de la trama tenían con políticos de la Comunitat. En esta mercantil, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', intervino "activamente", ya que "mantenía estrechas y fluidas relaciones importantes con cargos públicos y políticos" de la autonomía valenciana. Por su parte, la Conselleria de Turismo nació en agosto de 2004 y el organismo estuvo presidido desde el comienzo por Milagrosa Martínez --también exalcaldesa de Novelda y expresidenta de las Corts Valencianes--. En junio de 2008 le sustituyó Angélica Such. Con la llegada de Milagrosa Martínez a Turismo y el nombramiento de su jefe de gabinete, Rafael Betoret, comenzaron los cambios en las ediciones de Fitur y la unificación en un solo contrato tanto del diseño como de la fabricación, montaje, almacenaje y desmontaje del 'stand', "alterándose también los criterios de adjudicación para dar preferencia ahora a los de índole subjetiva". Desde ese momento, y aprovechando las relaciones de Pérez con Martínez y Betoret --sobre los que el TSJCV considera que existía una relación "fluida y estrecha"--, existió un conocimiento "anticipado y privilegiado" de las condiciones de los concursos de Fitur por parte de la trama y se adaptaron las mismas a su convivencia --existen correos electrónicos que lo acreditan--. El resultado de estas "manipulaciones" fue la configuración de unas condiciones de los contratos de Fitur y de otras ferias con la finalidad de asegurar una adjudicación que diese apariencia formal de obtención de contratos mediante procesos licitatorio. Pero esta forma de proceder estaba así "viciada", advierte el tribunal, puesto que no existió condiciones de igualdad entre los ofertantes a los concursos. Así mismo, se incumplieron las condiciones fijadas en los diferentes concursos de turismo y en la normativa administrativa puesto que hubo subcontratación de empresas --todas ellas dentro del mismo grupo Correa-- para realizar los trabajos en Fitur. "Los trabajos efectuados en estos concurso fueron acometidos con los mismos medios materiales y personales existentes en el resto de empresas de la organización del grupo Correa domiciliadas en Madrid", advierte el tribunal. Esto fue posible por la "connivencia" y con la participación de los miembros de la trama y de Martínez y Betoret. Tras las ferias, se emitían facturas para cobrar con conceptos no detallados, y menos aún los importes. Con ello, se produjo ese enriquecimiento injusto por parte de la trama investigada. SUCH Y BOVER, ABSUELTOS Respecto al papel que desempeñó la exconsellera Angélica Such en este caso --que ha resultado absuelta--, el tribunal recuerda que asumió el cargo de consellera de Turismo en el año 2008 y firmó una edición de Fitur en favor de la trama. Estima que aunque resulta "ciertamente sospechosa" su gestión, ve dudas "razonables" en cuanto a que tuviera una "activa y consciente" participación en las irregulares contrataciones y en su posterior anómala facturación. Así mismo, expone que se baraja la posibilidad de que pudo haber "confiado en su personal" y haberse "dejado llevar" por lo que se entendía que era la forma habitual de proceder en la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) en ediciones anteriores. Lo cierto es que, añade, "en Such existe un total distanciamiento del equipo técnico, no constan ninguna injerencia o relación más allá de la estrictamente orgánica". Por su parte, el técnico Juan Bover, también absuelto, fue imputado por haber redactado un informe jurídico en el que se acogía el previo informe redactado por el equipo técnico en el que se unificaban los contratos de Fitur y se daba preferencia a los aspectos subjetivos. Sobre el mismo, el tribunal señala que existe una "duda razonable" de hasta qué punto ello puede obedecer a un ánimo de colaborar con la manipulación del proceso de contratación "o sencillamente constituir una manifestación más de la incertidumbre existente en todo el periodo de cambios, especialmente cuando se trata de modificación del criterio hasta el momento vigente". AQUÍ PUEDES CONSULTAR LA SENTENCIA COMPLETA Sentencia Completa. Fitur TSJ Condena a Penas de Hasta 13 Años de Prisión a Trama Gurtel by Epinternet on Scribd