VALENCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa para solicitar a la administración que se refuerce la lucha contra la economía sumergida, por considerarla un "problema", "un freno al desarrollo económico" y "una competencia desleal" a las empresas que trabajan legalmente.
Así, todos los grupos de la Cámara han acordado instar al Consell a "establecer un plan de actuación en coordinación con la administración estatal", con "un aumento del cuerpo de inspectores de trabajo" y "de hacienda" para igualar "el ratio inspector/habitante a niveles de la media europea" y llevar cabo actuaciones "en materia de lucha contra la economía sumergida y el fraude".
Igualmente, han planteado que la policía autonómica valenciana pueda participar en esas labores. Con esta iniciativa, las Corts buscan "el fomento del empleo estable de aquellos sectores en los que incide de mayor manera la precariedad laboral" como los de "la construcción, la hostelería, el textil y el citrícola".
Este acuerdo se ha adoptado a partir de la propuesta presentada por el grupo parlamentario Podemos para "atajar los índices ya endémicos de economía sumergida" en la Comunitat y de las enmiendas planteadas por otros grupos y finalmente aceptadas.
Los cinco grupos con representación en las Corts --PSPV, Compromís, Podemos, PP y Ciudadanos-- han decidido también frente a la economía sumergida "intensificar las herramientas existentes de denuncia y habilitar otros mecanismos de denuncia anónima para garantizar la protección del denunciante y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales impulsando la colaboración y el fortalecimiento de la acción sindical".
Asimismo, han aceptado "diseñar, junto con los distintos agentes sociales y económicos, un plan integral de actuación sectorial con la participación destacada de la administración local, favoreciendo iniciativas como cooperativas de trabajo asociado y la lucha contra la subcontratación ilegal; "potenciar la tarea de todos los departamentos y organismos dependientes del Consell que trabajan en materia de I+D+i y promoción económica, potenciando la organización y la especialización del tejido empresarial y apostando por la innovación y el aumento de valor añadido, así como facilitando iniciativas dirigidas a la mejora de la calidad, el diseño y la promoción comercial".
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
El acuerdo contempla además "poner en marcha una potente campaña de concienciación sobre las graves consecuencias de la economía sumergida y el fraude a nivel laboral, económico y social" por medio de "espacios de debate, información y negociación de los distintos actores implicados", así como "impulsar medidas para dignificar socialmente el papel devaluado e invisibilizado de muchos de los sectores tradicionalmente sumergidos como el trabajo doméstico".
Durante el debate de esta propuesta, el diputado de Podemos, Antonio Estañ, que ha defendido la propuesta inicial planteada por este grupo, ha lamentado que tanto en la Comunitat como en el resto de España no se hayan llevado a cabo "procesos de transformación" de la economía adecuados como se ha hecho en otros países frente a "un modelo especulativo insostenible".
Estañ ha considerado necesario abrir "espacios de debate" en esta materia y frente a la economía sumergida, así como lograr "soluciones sostenidas en el tiempo" frente a esta cuestión "que protejan a los más afectados".
Asimismo, ha instado a "incrementar el valor añadido de nuestros productos" y ha asegurado que no se pueden "mantener los niveles de economía sumergida y precariedad". "No acabaremos hoy con la economía sumergida pero la reconoceremos como un problema", ha dicho.
La diputada de Compromís Graciela Ferrer, por su lado, ha afirmado que es "necesario sentar las bases" para instalar "un nuevo modelo productivo" que permita que "los puestos de trabajo sean una oportunidad de vida digna" y atienda "la línea de trabajo" que "desde el minuto uno" está realizando "el Consell del Botànic" en esta materia.
Asimismo, la parlamentaria del PSPV Noelia Hernández ha rechazado la economía sumergida y ha invitado a analizar "por qué se acepta" y "por qué existe" cuando es "una competencia desleal para la mayoría de empresa que lo hacen bien, que cotizan sus impuestos y pagan a sus trabajadores".
"MUESTRA DE REPROBACIÓN"
Por su parte, en representación del PP, el diputado Vicente Casanova ha considerado la iniciativa planteada por Podemos "una muestra más de reprobación a la acción" del conseller de Economía, Rafael Climent, cuya labor "no ha traído avances en el cambio de modelo productivo" para la Comunitat y ha "quedado en blanco" a pesar de estar al frente de un departamento que "debería ser clave en las acciones para la reindustrialización, el empleo, los autónomos, los emprendedores y los trabajadores". Ha valorado que entre todos los grupos se haya podido "mejorar" la iniciativa inicial para llegar finalmente a un acuerdo unánime.
Por su lado, el diputado de Ciudadanos Antonio Woodward ha pedido incrementar la lucha contra el fraude fiscal y ha manifestado que "la economía sumergida", que tiene datos "escandalosos e inaceptables" en la Comunitat, es un freno para el desarrollo económico" y "una lacra para la sociedad", al tiempo que ha valorado a "las empresas que cumplen con todos los requisitos legales".