VALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este martes el proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, con los votos favorables del PP y en contra de PSPV, Compromís y EUPV, que adapta la ley autonómica a la norma básica y "corrige situaciones que se han dado en otros momentos" y que, entre otras cuestiones, "aumenta el control y el rigor sobre los ingresos de todos los miembros de los órganos del gobierno, así como del presidente ejecutivo y del director general".
Así lo ha indicado la diputada 'popular' Maritina Hernández en la sesión vespertina del último pleno de esta legislatura, en respuesta a las críticas de la oposición acerca de que este "texto requetefundido" es "un parcheado improvisado", que añade "48 parches más" a los 102 existentes y "no aborda los abusos de Bancaja y la CAM" ni "modifica los artículos que permitieron los desmanes, barbaridades, aberraciones y abusos que se produjeron por los equipos de José Luis Olivas y Modesto Crespo", en palabras del socialista Francisco Toledo.
Por parte de Compromís, Mireia Mollà, ha destacado que se ha avanzado gracias a las aportaciones de la oposición en cuestiones como la capacidad del Instituto Valenciano de Finanzas de supervisar, fiscalizar y controlar a estas entidades, pero "quedan lecciones por aprender", como las encaminadas a velar por "una gestión ética, honesta y transparente" de las cajas y a limitar el "enquistamiento en los cargos" y la "intromisión política", que han sido rechazadas.
Tanto Mollà como Josep Lluis Torró, de EUPV, han reclamado que los acuerdos de los órganos de gobierno sean públicos, salvo contadas y justificadas excepciones en asuntos que podrían afectar a la política comercial y de inversión, y también que "no ha de ser una ley pensando solo en Caixa Ontinyent" dado que "nada impide que, en el futuro, puedan aparecer otras cajas" en esta autonomía.
Sobre el secreto de los acuerdos, la parlamentaria del PP ha argumentado que el texto permite decretar que los acuerdos sean públicos, pero "es necesario que puedan ser secretos para preservar la estrategia de carácter comercial y de inversión de las cajas" y, además, ha remarcado que "no está hecha solo para Caixa Ontinyent" pero esta entidad requiere esa modificación y "se merece" que la Cámara realice esa labor.
"CERRAR TODA PUERTA GIRATORIA"
Toledo ha suscrito esas críticas y ha instado asimismo a "cerrar toda puerta giratoria, por ética y estética", de modo que "ningún miembro del Consell pueda, jamás, pasar a un órgano de gobierno de las cajas" para evitar que se repitan situaciones como que "el conseller del que dependían las cajas pase a presidente de una caja", a lo que Hernández ha respondido que la ley prohíbe este extremo durante los dos años posteriores y se ha opuesto a esa limitación total, al entender que supondría "bloquear el acceso de capital humano que puede ser especialista, experto y aportar su experiencia" a esas cajas.
Además, ha rebatido las críticas de la oposición relativas a la posibilidad de que "grupos minoritarios puedan controlar las cajas" y ha asegurado que "ese planteamiento no es real", así como otras enmiendas de carácter técnico que, según ha argumentado, vienen marcadas por la ley básica.
Torró había cuestionado previamente el poder que se otorga a grandes impositores en estas entidades sin ánimo de lucro, la figura de consejero independiente y también que "se sigue sin tener una auténtica ley de cajas valencianas, después de todo lo que ha pasado". A su juicio, este proyecto de ley "es un parche que incide o hace más graves los problemas que ha habido y que, además, desde el punto de vista legislativo no resuelve ninguno de los problemas que se puedan presentar en el futuro".
REFUERZO DE LA PROFESIONALIZACIÓN
Entre otra novedades, el texto aprobado refuerza el componente de profesionalización que se exige a los órganos de gobierno e introduce modificaciones que afectan tanto a la actividad de las cajas como a su estructura, organización interna y funciones, y suponen una redefinición de las cajas de ahorros, a la vez que contempla una limitación a su ámbito de actuación, tanto territorial como funcional.
Por lo que respecta a los órganos de gobierno, desde la Generalitat subrayan que se refuerza el componente de profesionalización exigible a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas, con medidas como la figura del consejero independiente. También se introduce una nueva incompatibilidad consistente en que no podrán ser miembros de los órganos de gobierno quienes desempeñen cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial u organización sindical.
Además, se incrementan los requisitos de idoneidad para todos los miembros del consejo y de la comisión, así como para los directores generales o asimilados, para responsables de las funciones de control interno, y para quienes desempeñen puestos clave en la actividad diaria de la caja, con exigencias similares a las que existen en las entidades bancarias.
Se reduce asimismo el porcentaje de participación de las administraciones públicas en la configuración de la asamblea general y se aumenta paralelamente el peso de la representación de los impositores, que se consolidan como grupo hegemónico en la asamblea general, al tiempo que se elimina la representación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno, debido al nuevo régimen que la normativa básica establece para las cuotas participativas, que tienden a su desaparición.