Directores de colegios exigen retirar la consulta de la lengua base: "Es inaceptable desde un punto de vista pedagógico"

   VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Directores de colegios de la Comunitat Valenciana reclaman a la Conselleria de Educación la retirada de la consulta sobre la lengua base --que la administración pretende abrir a las familias a partir del próximo mes de noviembre para que elijan si quieren que sus hijos e hijas estudien en valenciano o castellano-- porque "alteraría el proceso de aprendizaje y adaptación del alumnado", lo cual es "inaceptable desde un punto de vista pedagógico".

    La Associació de Direccions d'Infantil i Primària de l'Escola Pública del País València (ADEP-PV) ha hecho público un comunicado ante la situación derivada de la aplicación de la Ley 1/2024 de 27 de junio --la llamada Ley de libertad educativa-- en el que manifiesta su "profundo desacuerdo con el desarrollo y la implementación de esta ley en cuanto al tratamiento del proyecto lingüístico de los centros educativos".

   "Desde el primer momento, hemos expresado que esta ley no contempla adecuadamente las necesidades pedagógicas, desestimando los criterios y enfoques fundamentales para la correcta planificación educativa. Ahora nos encontramos, además, ante una resolución que regula la consulta a las familias sobre la elección de la lengua en la cual estudiarán sus hijos e hijas. Esta consulta, lejos de ser un mecanismo útil y efectivo, impone en los centros educativos una carga organizativa y burocrática inalcanzable, particularmente en un contexto en el que muchos de nuestros centros no cuentan con personal administrativo para gestionar este tipo de procedimientos", argumentan.

   Los y las responsables de los equipos directivos alegan varios motivos de rechazo a la resolución. El primero de ellos es la "incertidumbre organizativa". "Cambiar la lengua base de enseñanza a mitad del ciclo escolar es pedagógicamente injustificable. Es la primera vez en la aplicación de una ley educativa que no se ha planteado un calendario de aplicación progresiva, lo cual desestabiliza tanto a los equipos docentes como a los y las estudiantes. Además, no se ha considerado el impacto en la red de libros de texto, un recurso esencial para las familias, condenado a desaparecer en el momento en el que cambie la lengua base", alertan.

   Igualmente, lamentan la "sobrecarga administrativa", puesto que la resolución "obliga a gestionar una enorme cantidad de documentación de manera individual". "Especialmente preocupante --apuntan-- es la necesidad de atender familias sin acceso a medios electrónicos, ayudarlos a crear claves de acceso y garantizar la confidencialidad del voto, lo que añade una carga insostenible en nuestros centros. No nos podemos olvidar tampoco de los alumnos extranjeros sin NIE, cuyos trámites implican todavía más burocracia".

   Asimismo, aluden a los criterios de prelación para la asignación de grupos lingüísticos. La resolución establece criterios como tener hermanos en el centro o pertenecer a familias monoparentales o numerosas para determinar la orden de asignación del alumnado al grupo según la lengua elegida. Las familias tienen que presentar una declaración responsable, pero "esto plantea dudas sobre quienes verifica la autenticidad de los datos". "Es inaceptable que factores externos a la elección de las familias decidan el proyecto lingüístico del alumnado, lo cual compromete la equidad y la coherencia pedagógica", sostienen.

   En cuanto a la participación, exponen que el alumnado repetidor o aquellos que cambian de centro influirán en decisiones que no les afectarán directamente, "lo cual distorsiona el proceso". Por otro lado, la resolución "no respeta la decisión individual de cada uno de los progenitores, obligando a consensuar la elección de una de las dos lenguas incluso entre familias separadas o con desacuerdos, cosa que añade más confusión y problemas a la toma de decisiones", hacen notar.

"IMPOSIBLE DE GESTIONAR CON RECURSOS ACTUALES"

   Los directores ven también "complejidad en los centros incompletos, CRAS y/o centros con organización multinivel", puesto que la coexistencia de diferentes niveles educativos impartidos en diferentes lenguas "generará desajustes organizativos y pedagógicos imposibles de gestionar con los recursos actuales".

   En resumen, y una vez expuestas sus razones, "como responsables educativos, nuestra mayor preocupación es el grave perjuicio que puede suponer para el alumnado cambiar la lengua base a mitad de su escolarización".

   A su parecer, la medida "alteraría su proceso de aprendizaje y adaptación, lo cual es inaceptable desde un punto de vista pedagógico". "No podemos olvidar, por otro lado, la excesiva carga burocrática que representa, y que el impacto pedagógico y organizativo será devastador para el correcto funcionamiento de los centros", apostillan.

   Por todo lo planteado, desde ADEP-PV exigen "la retirada inmediata de la consulta tal como está planteada" y solicitan que "se replantee y se vuelva a pensar en un modelo que respete los tiempos educativos, y que, en caso de realizarse, se limite únicamente al inicio de la escolarización o de la etapa".