Elche pagará 118.000€ a los herederos de Miguel Hernández al no recurrir una sentencia

ALICANTE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Elche (Alicante) ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar con 118.000 euros a los herederos del poeta Miguel Hernández por la rescisión del convenio de tutela del legado del poeta de Orihuela. El equipo de gobierno municipal ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno no recurrir la sentencia.

En 2011 el consistorio, en aquel momento gobernado por el PP, decidió no mantener el convenio argumentando que suponía un coste de unos 3 millones de euros, una cantidad que consideró "inviable" a consecuencia de la situación financiera que arrastraban las arcas municipales por la crisis económica.

Asimismo, los 'populares' también se negaron a devolver a los herederos de Miguel Hernández todo el material del legado que durante años había digitalizado el ayuntamiento en virtud del convenio suscritos.

En la sentencia conocida ahora se estiman parcialmente las peticiones de los herederos de Miguel Hernández que reclamaban una indemnización de 1,6 millones de euros y la reposición de la totalidad del material digitalizado. El tribunal, sin embargo, ha reducido la indemnización económica hasta los 118.000 euros, pero ha obligado a la devolución de las digitalizaciones realizadas.

A la conclusión de la Junta de Gobierno, la portavoz, Patricia Macià, ha afirmado que se ha desestimado presentar un recurso contra la sentencia al entender que hacerlo incrementaría el coste del conflicto por la suma de "más gastos" judiciales y por la posibilidad de que el ayuntamiento fuera condenado a pagar las costas.

Macià ha criticado la forma de gobernar que tuvo el PP en la pasada legislatura y ha personalizando las críticas en la figura de la exalcaldesa Mercedes Alonso, a quien ha acusado de llevar a cabo una política "desde el rencor" y "los caprichos personales".

PP LO CALIFICA DE "IRRESPONSABLE"

Por su parte, el PP ha tildado de "irresponsable" la decisión adoptada por el equipo de Gobierno de no recurrir la sentencia judicial.