El PP rechaza una solicitud del PSPV en la que pedía que compareciera Fabra para dar explicaciones por la compra de Valmor
VALENCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario EUPV defenderá el próximo miércoles una proposición de ley para la derogación de la Ley 6/2002 de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana ya que considera que los privilegios que establece están "absolutamente injustificados". El PP ha avanzado que votará en contra, Compromís lo hará a favor aunque no cree que se deba derogar totalmente y el PSPV todavía no ha decidido el sentido de su voto.
Así lo han explicado en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de las Corts, que ha ordenado el pleno de la próxima semana, ya que, en contra de lo que suele ser habitual en un mes de enero, no habrá vacaciones parlamentarias y se celebrarán seis sesiones plenarias hasta marzo, cuando se disolverá cámara de cara a las elecciones del 24 de mayo.
El portavoz de EUPV, Ignacio Blanco, ha explicado que su grupo presentará una proposición de ley similar a la que defendió hace dos años --que contó con los votos en contra del PP y la abstención del PSPV-- para la eliminación del Estatuto de Expresidentes. Blanco ha explicado que ya en 2012 consideraba que los privilegios que establece para los exjefes del Consell "no tienen razón de ser, van contra el espíritu democrático y suponen un escándalo para la ciudadanía en tiempo de crisis y recortes".
Al respecto, ha indicado que estas razones se mantienen en la actualidad y, además, "hay diversos expresidentes" que han hecho uso de esas prerrogativas y cuya "honorabilidad está en cuestión", y ha citado a José Luis Olivas y a Francisco Camps.
Por su parte, el síndic del grupo popular, Jorge Bellver, se ha mostrado en contra de esta proposición de ley --para la que el Consell ha emitido un criterio desfavorable-- ya que ha destacado que existen normas similares en todas las comunidades y en el conjunto del Estado.
A juicio de Bellver, "no es muy razonable" que EUPV plantee en la Comunitat esta derogación "por la situación judicial de determinados expresidentes" y no lo haga en Andalucía donde gobierna. Bellver ha asegurado que el PP está "dispuesto a negociar y a hablar con los grupos de la oposición para modificar o reformar el Estatuto de los Expresidentes", pero no abogan por su eliminación.
Compromís, por su parte, ha avanzado que votará a favor de esta proposición de ley, pero tampoco está a favor de la derogación total, ya que ve necesaria una norma que establezca "las incompatibilidades y los privilegios" de los expresidentes, ha manifestado la portavoz adjunta de la coalición, Mònica Oltra.
"CAMPS NO ES NI HONORABLE NI MOLT HONORABLE"
En cualquier caso, cree que el calificado de "molt honorable" se le debería retirar al exjefe del Consell Francisco Camps porque "ni es honorable, ni molt honorable". "Su trayectoria política es cuestionable y ha estado ligada a la corrupción, al abuso del poder y a las sentencias condenatorias por vulnerar la Constitución", ha apostillado.
Respecto a la postura del PSPV, el portavoz, Antonio Torres, ha explicado que hace dos años su grupo se abstuvo en la votación de una propuesta similar porque aunque está en contra de que los expresidentes tengan "chofer, secretaria o despacho", si consideraba que podía tener la posibilidad de formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC). No obstante, ha dicho que todavía no han decidido cuál será el sentido de su voto, ya que tienen que "volver a estudiar" la propuesta.
VALMOR
Durante su intervención, Torres también ha criticado que el PP haya rechazado la solicitud que ha presentado el PSPV para que comparezca en el pleno el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para explicar la participación que han tenido Circuito del Motor y Sociedad de Proyectos Temáticos en la organización de la Fórmula 1 y para que aclare todo el proceso de compra de Valmor por parte del Consell, después de que la Fiscalía se haya querellado contra Camps, la exconsellera Lola Johnson y expiloto Jorge Martínez Aspar por presunta malversación, prevaricación y delito societario en la compra de esta empresa.
Bellver ha justificado la negativa del PP a que se sustancie esta comparecencia porque "estamos en un momento en el que ni siquiera la Fiscalía se ha pronunciado". "No pedimos ninguna valoración judicial, sino explicaciones sobre las circunstancias de la compra de Valmor", ha replicado el portavoz socialista, quien ha avanzado que su próxima pregunta en la sesión de control a Fabra será sobre esta cuestión.
Asimismo, y tras la querella de la Fiscalía, los tres grupos de la oposición han pedido la dimisión de Camps, tanto como consellers como miembro del CJC, y el representante de EUPV ha indicado que sería "escandaloso" que estuviera en las próximas listas del PP.
En el pleno de la próxima semana, también se celebrará sesión de control al 'president', pero se adelanta al miércoles para que el jueves Fabra pueda asistir al acto de toma de posesión de Miguel Valor como alcalde de Alicante, tras la dimisión de Sonia Castedo, doblemente imputada en el 'caso Brugal', en las piezas del PGOU y Plan Rabasa.
TOMA DE POSESIÓN DE DOS NUEVOS DIPUTADOS
La sesión del miércoles en las Corts comenzará con el juramento o promesa de los nuevos diputados 'populares', José María Rodríguez y Verónica Hernández, que sustituirán a Ricardo Costa y a Yolanda García, que dejaron el escaño tras su procesamiento en 'Gürtel'. Ese mismo día se convalidará un decreto ley de suplemento de crédito para operaciones de liquidez.
Respecto a las proposiciones no de ley de los cuatro grupos, versarán sobre la Estrategia Emplea, el PP; las prácticas de alumnos de universidades privadas en hospitales públicos, el PSPV; el acceso a determinados medicamentos, en el caso de Compromís; y el estudio de la puesta en marcha de una banca pública valenciana, EUPV.
También plantearán preguntas a los miembros del Consell, pero no asistirán ni María José Català, ni Isabel Bonig, ni Manuel Llombart. Entre otras cuestiones, interpelarán a los miembros del Consell sobre las sentencias que afectan a la Ley de Dependencia, el picudo rojo, la situación de los funcionarios condenados penas de inhabilitación o la prevención del racismo y la xenofobia.