ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Fiscalía considera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante vulneró derechos del grupo municipal popular por no aportarle en tiempo la información solicitada sobre distintas cuestiones en esta legislatura, peticiones algunas de ellas, más de año y medio sin haber sido atendidas. Desde el consistorio se ha argumentado el retraso por la "complejidad" y la "profusión" de las
solicitudes.
De esta forma, la Fiscalía el recurso presentado por el PP municipal contra el equipo de Gobierno (PSPV, Guanyar y Compromís) por "falta de transparencia". De hecho, ha expuesto que el equipo de Gobierno aportó la documentación requerida sólo ante la inminencia de la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
Así, lo ha manifestado durante la vista oral celebrada este miércoles en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante, suspendida la semana pasada.
El PP requirió el 28 de diciembre de 2016 unos 25 expedientes --33 contando reiteraciones--, sobre temas como reuniones con Ikea, estado de las instalaciones deportivas, venta de acciones del Hércules, coches oficiales y conductores o el expediente que motivó la expulsión del equipo de Gobierno de Nerea Belmonte.
Algunos de estas peticiones llevaban más de año y medio sin haber sido atendidas, como ha apuntado la Fiscalía, que ha agregado que "evidentemente" esta información se tendría que facilitado "antes". Por último, Fiscalía ha indicado que "lo deseable" es que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito político.
Transcurrido el plazo legal para recibir la información, el PP presentó su recurso el 7 de febrero y como ha destacado el letrado del grupo, Manuel Villar, ese mismo día por la tarde "empezaron a recibir la documentación" aunque ha opinado que hasta que no se presentó esa iniciativa judicial "no se les tomó en serio". Finalmente, el PP tuvo acceso a todos los expedientes solicitados el 15 de febrero.
Este extremo ha quedado acreditado, aunque tanto para Fiscalía como para el representante del PP, el objeto del proceso "existe" ya que se trata de decidir si se ha vulnerado o no el derecho fundamental a acceder a la información para realizar su labor de oposición.
Por su parte, la defensa del Ayuntamiento ha alegado que el consistorio ha cumplido al remitir toda la información solicitada y ha afirmado que si se ha tardado ha sido por la "complejidad" y la "profusión" de las peticiones en las que había "errores" y que no constaba "premura" en la necesidad de esa información.
REACCIONES
El portavoz del grupo del PP local, Luis Barcala, ha indicado que la Fiscalía se ha "sumado" a su demanda al "compartir que se han vulnerado derechos fundamentales" y ha afirmado que el "tripartito" que venía "con la bandera de la transparencia" empieza "a ser desenmascarado". Al tiempo, ha confiado en que la sentencia confirme su petición y les dé la razón.
Por su parte, el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ha manifestado en atención a los medios que aún no había hablado con los servicios jurídicos, pero ha destacado que se trata de un recurso contencioso-administrativo y que es el "día a día", al tiempo que ha recordado que el presidente del PP en la provincia, José Ciscar, ha presentado esta legislatura una veintena de recursos contra el Consell.