Fiscalía pide 12 años de prisión para Carlos Fabra en la causa abierta por supuestamente ocultar su patrimonio

CASTELLÓ 20 May. (EUROPA PRESS) - -

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Castellón solicita 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en la causa abierta por supuestamente ocultar su patrimonio para impedir la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho.

Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de 3 millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por 3 años.

Así mismo, el fiscal considera cooperadores necesarios del delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución a la mujer de Carlos Fabra, María Desamparados Fernández; a dos de sus hijos -Borja y Claudia-; a su yerno Fernando Castro; a su testaferro Alejandro Lorca; y a los empresarios Fernando Roig Alfonso -presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF-, Miguel Pérez Ferrer y Fernando Roig Negueroles, para los que solicita entre 3 años y diez meses y 6 años de prisión.

Del delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía considera también responsables a María Desamparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro y Alejandro Lorca, por cuyo delito les pide entre 3 y 5 años de prisión.

Finalmente, el ministerio público demanda 9 meses de prisión por el delito de cohecho para Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez, Fernando Roig Negueroles y Enrique Gimeno.

Así mismo, el fiscal se dirige contra las sociedades CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL, PORTOVAN SL por el delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución cometido por persona jurídica, para las que solicita multas de entre 72.000 y 216.000 euros.

Las cuatro primeras sociedades también están acusadas del delito de blanqueo de capitales, por el que el ministerio público demanda una multa de 72.000 euros a cada una, mientras que acusa a MIGUMI SL, PORTOVAN Y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA) del delito de cohecho, por el que pide multas de entre 36.000 y 72.000 euros.

Además, el fiscal demanda que los acusados Carlos Fabra, María Desamparados Fernández, Claudia Fabra, Borja Fabra, Fernando Castro, Alejandro Lorca, Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez Ferrer, Fernando Roig Negueroles y CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL y PORTOVAN indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 1.031.457,14 euros, cantidad que resultó pendiente de pago por parte de Carlos Fabra tras ser condenado por cuatro delitos fiscales.

El fiscal indica en su escrito de acusación que, con el fin de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y la Administración de Justicia, Carlos Fabra urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, María Desamparados Fernández, de sus hijos Claudia y Borja, de su yerno Fernando Castro, y de terceras personas como Alejandro Lorca.

Así mismo, indica que se hizo uso de sociedades pantalla como CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, y LIRINLOR SL; y que, de manera no habitual, cooperaron Fernando Roig Alfonso y Fernando Roig Negeroles a través de la sociedad NEROFER SL, sociedad extinguida por absorción por PORTOVAN SL, así como Miguel Pérez Ferrer a través de la sociedad MIGUMI SL.

El ministerio público señala que la aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es "notablemente discorde" con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 euros que, a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, han impedido satisfacer
la deuda pendiente de ejecución.