Fiscalía pide 2 años de cárcel para el exaparejador de Quart de Poblet por favores en licencias urbanísticas

VALENCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión para el exaparejador de Quart de Poblet (Valencia) por acelerar las licencias urbanísticas que le llegaban de un ingeniero con el que acordó repartirse la mitad de lo que éste facturase a sus clientes. En total obtuvo por estas tramitaciones un beneficio ilícito de 62.000 euros.

Así consta en el relato provisional del ministerio público --en el que se solicita la apertura de juicio oral--, al que ha tenido acceso Europa Press, que se ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Quart.

En concreto, el fiscal acusa a este exaparejador de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y, junto a la pena de cárcel, también le reclama el pago de una multa de 43.200 euros y que se le inhabilite para empleo o cargo público durante el plazo de cuatro años.

Así mismo, el ministerio público pide para el ingeniero confabulado con el exaparejador una pena de nueve meses de prisión a sustituir por el pago de una multa de 6.480 euros, junto al pago de otra multa de 4.320 euros. Le acusa del mismo delito pero a modo de cooperador y le aplica la circunstancia atenuante de confesión.

Esta causa parte de una denuncia que interpuso la alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, en Fiscalía, tras ser alertada por el personal de la Oficina Técnica de Urbanismo de presuntas irregularidades en la tramitación de licencias. En ese momento también apartó al entonces aparejador de su puesto de trabajo, que fue detenido en septiembre de 2015 por estos hechos.

Según mantiene el fiscal, el exaparejador y el ingeniero se concertaron para que el primero derivase a personas que deseaban pedir licencias urbanísticas en Quart al ingeniero, de tal manera que este último le diese la mitad de lo que facturase.

Los acusados se conocieron en 2002, cuando el ingeniero le presentaba al técnico proyectos para la empresa en la que trabajaba. La relación se estrechó y en un momento dado el exaparejador le propuso que realizara proyectos para Licencias de Actividad inicialmente en las localidades de Mislata y Aldaia facturando cada uno su parte del trabajo.

A partir de 2011 y hasta principios de 2015, y pese a la incompatibilidad del técnico, éste indicó al ingeniero que le había salido un trabajo en Quart y dado que él no podía intervenir, le facilitó el número de teléfono de una persona interesada en la realización de un proyecto para solicitar licencia, para que se pusiera en contacto con ella a fin de que lo materializase. En otros casos se produjo la situación inversa, es decir, el técnico dio el teléfono del ingeniero y era el solicitante el que contactaba con éste.

El cargo público comentó al otro acusado que él sería quien tendría que facturar dada su incompatibilidad y que le debería luego entregar la mitad del dinero cobrado. Éste accedió a la pretensión debido a la necesidad de aumentar sus ingresos. El exaparejador se encargaba de acelerar la tramitación de expedientes que provenían de éste.

22 EXPEDIENTES

De la información remitida por el Ayuntamiento se desprende que el ingeniero, pese a no ser de Quart y encontrarse su despacho en Alcàsser, fue el técnico que más proyectos presentó --22 expedientes--, la mayoría de ellos en 2014, continuando con la misma proyección en 2015.

De este modo, los expedientes que se tramitaban en el despacho profesional del ingeniero eran resueltos en tiempo récord con los que no tenían origen en ese despacho, con desproporciones temporales tan significativas como 131 días el tramitado por éste y 1.343 o 1.215 días los tramitados por otros despachos.

El exaparejador obtuvo a raíz de su actividad delictiva --siempre según el mismo relato fiscal-- un beneficio ilícito de 62.000 euros, exactamente la mitad de la facturación --124.000 euros-- que el ingeniero realizó al Ayuntamiento de Quart.

El técnico destinó parte de este dinero con origen delictivo a comprar un vehículo marca BMW X3 y a amortizar parte de un préstamo con la finalidad de ocultar el origen de los fondos que disponía y garantizarse integrar el dinero ilícitamente obtenido en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.