Fiscalía sigue pidiendo 10 años de inhabilitación para Echávarri: "Todo se hizo mal con el dinero público"

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal anticorrupción de Alicante Felipe Briones ha mantenido,
en la última sesión del juicio del 'caso Comercio', la petición de 10 años de inhabilitación para el exalcalde Gabriel Echávarri. El ministerio público considera "todo lo que podía hacerse mal con ese dinero público se hizo mal" y aprecia que se actuó con dolo.

Briones se ha referido así, en la última sesión del juicio del caso Comercio, originado por la tramitación de 25 facturas y por el que está acusados el exalcalde socialista de Alicante y dos asesores por un delito de prevaricación administrativa.

En esta última jornada, fiscalía ha mantenido en su exposición de conclusiones la petición de diez años de inhabilitación para cargo electo por prevaricación administrativa continuada, a título de autor material, para Gabriel Echávarri. Y esa misma pena, en calidad de cooperadores necesarios, para el exjefe de Gabinete, Lalo Díez, y para el exasesor de Comercio, Pedro de Gea.

Considera el fiscal que el exalcalde es protagonista del diseño de la estructura de la Concejalía y, por tanto, la persona que daba las directrices e instrucciones de las actuaciones de Pedro de Gea y Lalo Diez.

"El alcalde, por tanto, es el responsable de la ejecución del procedimiento llevado a cabo por los dos asesores careciendo de las competencias ejecutivas para realizar dichos actos", ha dicho el fiscal. Además, le acusa de haber sido conocedor de la imposibilidad de tramitar correctamente los 200.000 euros destinados a Comercio, antes de 31 de diciembre.

Para el fiscal ha quedado demostrado que el fraccionamiento de contratos "deliberado" y "reiterado", a fin de eludir la normativa en materia de contratación que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia, que se ha vulnerado, "evitando que accedieran otras empresas, y que pudiera haber sido mejorado el precio, por lo que el resultado fue materialmente injusto". Además, "ha habido dolo, porque sabían por su experiencia de 2015, cómo se tenían que hacer las cosas".

Señala que la firma de las 25 facturas fue realizada personalmente por el alcalde, no hubo expediente alguno de contratación y además destaca la ausencia de competencia en la contratación ya que fue realizada en su mayoría por los asesores, Pedro de Gea y Lalo Díez, sin conocimiento de los técnicos. A juicio de Fiscalía faltan en esta tramitación "los elementos esenciales del procedimiento de contratación, aun siendo contratos menores".

Indica el fiscal que, además, ha tenido lugar la finalización de la vía administrativa, en la que han intervenido el jefe de servicio, el interventor municipal y el dictamen de la asesoría jurídica --que asegura Fiscalía sí tiene el deber y la facultad de pronunciarse--, y que llega a la conclusión de que "ese fraccionamiento es ilegal y que atenta contra la Unidad Funcional".

El caso Comercio se abrió para investigar un total de 25 facturas, que "por decisión de Gabriel Echávarri" se contrataron con la modalidad de contrato menor, según las conclusiones del fiscal, para la promoción publicitaria del Comercio, a la financiación y promoción publicitaria de la Gala de los premios del Comercio 2016 y a la renovación de la cartelería y señalética de los Mercados Municipales y un mercadillo por 189.762,86 euros.

LAS DEFENSAS PIDEN LIBRE ABSOLUCIÓN

El último turno de palabra ha sido para las defensas, que también han elevado a definitivas sus conclusiones, y que han pedido la libre absolución de sus clientes.

La defensa de Gabriel Echávarri ha asegurado que en ningún momento del juicio ha sido probada la intervención de su cliente en los hechos ni ha quedado acreditado el fraccionamiento de contratos "Ni las negociaciones, ni el contacto con las empresas fueron decididas por el Gabriel Echávarri", ha dicho.

Asegura que los coacusados le han exculpado, así como mas de dos docenas de testigos entre técnicos y proveedores. "Nadie ha relacionado al señor Echávarri con estas facturas", añade.

Asimismo, afirma que "no puede ser autor doloso quién no ha tenido ninguna intervención" y Señala que su cliente ha tenido noticia de estas facturas a posteriori. La defensa ha recordado que el "objeto de este procedimiento no es la organización de la Concejalía de Comercio, sino la tramitación de 25 facturas". También se ha referido a la responsabilidad administrativa y política que ya ha asumido su cliente con su dimisión como alcalde.

Por último, el exjefe de gabinete, Lalo Díez, el único de los acusados que ha querido intervenir al final de la sesión, ha solicitado a los magistrados la libre absolución de los tres y ha reclamado que "revisen bien toda la documentación" antes de emitir la sentencia.

Ha reiterado que lo hechos tuvieron lugar cuando él llevaba tan solo dos meses en el cargo y ha negado que hubiera alguna reunión relacionada con el tema y desde luego, "quién plantea urdir una trama para hacer unos contratos de publicidad", ha dicho.