Incluye en la demanda ante el Tribunal de Cuentas a otra exconsellera del PP, Trini Miró.
VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana pide la devolución de 24 millones de euros en la demanda que ha formalizado ante el Tribunal de Cuentas dentro del procedimiento de reintegro por alcance por presuntas irregularidades contables en la compra de la empresa privada Valmor Sports, que organizaba la Fórmula 1 en València. Así, la reclamación de esa cantidad se dirige contra la exconsellera del PP Lola Johnson y otros cuatro directivos de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD).
Además, subsidiariamente, en caso de rechazarse esa primera petición, se reclaman 14,6 millones a estas cinco personas más otra exconsellera 'popular', Trini Miró, según señala el escrito dirigido al Tribunal de Cuentas, consultado por Europa Press.
Desde el Consell ya anunciaron el pasado mes de febrero que se personarían en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas en relación con la compra de Valmor Sports con el fin de recuperar "hasta el último céntimo despilfarrado", explicaron entonces.
En el marco de este procedimiento, la Abogacía de la Generalitat formaliza la demanda -avanzada por Valencia Plaza-- contra dos exconselleras en la etapa del gobierno del PP, Lola Johnson y Trini Miró, ya que ambas fueron presidentas del Consejo de Administración de la sociedad Circuito del Motor, la primera entre mediados de 2011 y mediados de 2012 y la segunda desde 2007 a 2011.
También se ha incluido a José Miguel Escrig, Julio García Gimeno y Blanca Tomás, que ostentaban los poderes "para realizar toda clase de pagos, verificar los libros de contabilidad y reclamar cuanto se deuda a la sociedad"; y a Luis Lobón, que suscribió el contrato de adquisición de participaciones de Valmor por delegación del Consejo de Administración de la CMPD.
La Generalitat, en primer lugar, reclama solidariamente 23,99 millones a Lola Johnson y los otros cuatro exdirectivos por considerar que la compra de Valmor Sports por parte de la sociedad pública CMPD por un euro supuso una operación que causó un agujero de esa envergadura en las cuentas públicas. Subsidiariamente, exige a todas esas personas más Trini Miró -que no participó en la compra-- que abonen los 14,6 millones de euros de deuda que tenía Valmor Sports.
La Abogacía sostiene en su escrito que los demandados, no solo no han percibido la deuda, sino que no consta que la reclamaran a Valmor. Y añade que si la situación de la empresa era "tan delicada como parece desprenderse de la documentación que manejaban los responsables, su obligación, para la que estaban facultados, era utilizar todos los medios posibles para frenarlo".
Además, mantiene que proponer a la Junta de Accionistas de la sociedad la compra de Valmor "a sabiendas" de que tenía un valor contable negativo (pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6) y sin advertir de este hecho constituye una conducta realmente de gravísima negligencia" y añade que se hizo fuera del orden del día.
"MÁS ALLÁ DE LO AUTORIZADO"
La adquisición de Valmor Sports SL , continúa, fue "mas allá de lo autorizado por la Junta de Accionistas, y no solo porque se incluyeran cláusulas que podían causar perjuicios a los fondos públicos ". En este punto, recuerda que el acuerdo de la junta "solo autoriza a la adquisición de Valmor por 0,99 euros cuando en realidad supuso un desembolso mucho mayor".
También rechaza que la compra de Valmor por un euro fuera la operación más razonable para garantizar la continuidad del Gran Premio de Fórmula 1, ya que la prueba estaba asegurada por diversos contratos.
Por todo ello, considera que hubo "una conducta claramente negligente" por "omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el manejo de los fondos públicos".
Cabe recordar que ese procedimiento en el Tribunal de Cuentas es paralelo y diferente de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia .
Esta causa, que se inició por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' en la organización de la Fórmula 1.