Dice que la ley le habilita "a tomar el mando del Cecopi en cualquier momento" si pensaba que no se adoptaban decisiones adecuadas
VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat considera "sorprendente" que la Fiscalía "obvie" y "desligue" la responsabilidad y funciones de la Delegación del Gobierno en la toma de decisiones en el ámbito de protección civil cuando se está en situación de emergencia 2 --como en el caso de la dana--, ya que asegura que la ley "fija que, aunque la dirección de la emergencia recae sobre la comunidad autónoma, la Administración General del Estado, en este caso, la Delegación del Gobierno, coordina también la dirección del plan y, por tanto, participa activamente en la toma de decisiones" en esta materia.
Así lo han indicado fuentes de la Generalitat después de que Fiscalía haya pedido a la jueza que investiga la gestión de la dana que desestime el recurso de la asociación Hazte Oír contra el auto en el que inadmitió la querella que había interpuesto contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya que señala que el gobierno valenciano es la administración con competencia exclusiva sobre protección civil y porque era a la entonces consellera de Justicia e Interior, con competencias en emergencias, Salomé Pradas, a la que le competía dirigir el plan frente al riesgo de inundaciones y determinar las medidas de protección a la población.
La Generalitat insiste en que la ley "habilita a la delegada a tomar el mando del Cecopi en cualquier momento en caso de creer que no se estaban tomando las decisiones adecuadas" pero señala que el 29O Bernabé "ni lo solicitó ni lo pidió en ningún momento del día" por lo que sostienen que "avaló" la actuación del gobierno autonómico "en todo momento".
Según la Generalitat, a partir de las 15.00 horas del 29 de octubre, día de la dana, se pasó a situación 2 de emergencia y señala que la norma estatal de protección civil establece que en ese nivel, en el que el gobierno regional dirige la emergencia, "para alcanzar la máxima eficacia posible del sistema" se debe activar un comité de dirección que "asuma las funciones de dirección y coordinación de la emergencia, concretamente del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV)".
Este comité de dirección estará formado por un representante de la Administración General del Estado y otro de la Comunidad Autónoma y subrayan que "contará para apoyar sus actuaciones con un comité asesor y un gabinete de información a efectos de coordinación en la comunicación al público".
Según la Generalitat, corresponde al representante designado por la comunidad autónoma dirigir el plan autonómico, mientras que el representante de la Administración de General del Estado será el delegado/a del Gobierno. En todo caso, insiste en que, según la norma, el Cecopi es un órgano "de dirección única, colegiada y coordinada" en el que la presencia de ambos representantes "garantiza una mayor eficacia en la respuesta del conjunto de administraciones que interviene en la emergencia".
A ello subraya que si bien en el PTECV se explica que al director del plan le corresponde "determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población que deban de adoptarse" así como "determinar la información que debe facilitarse a la población y a los medios de comunicación social en relación con la emergencia", también se añade en la misma norma que la dirección de plan "se efectuará en coordinación con la Administración General del Estado y la Administración local".
Por tanto, afirma que resulta "sorprendente obviar y desligar la responsabilidad y las funciones" de la Delegación del Gobierno en la toma de decisiones en el ámbito de protección civil cuando se está en situación de emergencia 2 y agrega que la norma determina que en el caso de situación de emergencia 2 "el plan activado será dirigido por el director del plan apoyado además por un comité asesor", con integración, entre otros, de los representantes nominados por la Administración General del Estado.
"APOYO ESTATAL"
Además, según la Generalitat, en situación 2 de emergencia, y de acuerdo con la norma estatal de protección civil, "la capacidad inicial de respuesta de la comunidad autónoma está superada, ya que los medios y recursos disponibles en su ámbito territorial son insuficientes; a ello se añade la previsión de un paulatino o fugaz empeoramiento de la situación de emergencia, por lo que se precisa, por tanto, el apoyo estatal, con los medios y recursos de diferentes titularidades que sean necesarios en cada caso".
También señala que en situación 2 los medios y recursos estatales ubicados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma afectada, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la red nacional de radio de emergencia, "tienen que ser movilizados por la Delegación del Gobierno".
PASO A NIVEL 3
"Y lo más importante: la legislación nacional le da a la delegada del Gobierno herramientas claras para intervenir y pedir al Ministerio del Interior el paso a situación 3 de emergencia nacional en caso de que ella considere que está en juego el interés nacional por la magnitud e impacto de la catástrofe", apuntan desde la Generalitat.
La Generalitat se pregunta "¿cómo se puede afirmar entonces que la delegada del Gobierno no tiene competencias en materia de emergencias y protección civil si ella misma puede activar y solicitar al Ministerio del Interior el paso a situación 3 de emergencia nacional?".
Por tanto, sostiene que queda "meridianamente claro" que la Administración central, en situación 2 de emergencia, "tiene varias e importantes funciones en la coordinación y gestión de la emergencia y en materia de protección civil, y que no es una competencia única y exclusiva de la administración regional".
En esta línea, recalca que el Cecopi tiene un comité de dirección formado por la comunidad autónoma y la Delegación del Gobierno, y que en este organismo "se toman decisiones en materia de protección civil de forma única, colegiada y coordinada para garantizar la máxima eficacia de la respuesta de las administraciones a la emergencia".
Para la Generalitat, es "obvio" que la delegada del Gobierno "tenía claro" que el gobierno autonómico "estaba actuando correctamente, y la prueba está en la propia legislación, que certifica sus competencias, citada por Fiscalía".