El Gobierno abre 106 expedientes a empresas por presuntos incumplimientos de la normativa laboral en la DANA

   Díaz: "No hay ninguna orden o salvoconducto que sirva para impedir una norma como es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales"

   VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha informado este lunes en València de que, a fecha de hoy, se han abierto un total de 106 expedientes a empresas por presuntamente incumplir la normativa de ámbito laboral en el marco de la DANA.

Así lo ha indicado Díaz en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras reunirse con el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y responsables de las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunitat Valenciana, en la que ha recalcado: "No hay ninguna orden o salvoconducto que sirva para impedir una norma como es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Yolanda Díaz ha destacado que "el global de las empresas está cumpliendo" con la normativa, que son "miles y miles" las que "están cumpliendo con la legalidad" y "muy pocas las que violentan el ordenamiento jurídico", por lo que se trata de un "mensaje es muy positivo".

La ministra ha lanzado el mensaje de que "se va a desplegar el principio de legalidad en las empresas incumplidoras", y ha señalado que esto lo garantizará Inspección de Trabajo, que se está "desplegando con eficacia diariamente" ante los incumplimientos.

Además, Díaz se ha dirigido a los trabajadores para pedirles que, si la Inspección de Trabajo no actúa de oficio, denuncien las infracciones ante el buzón del fraude de carácter anónimo en la web del Ministerio o con el asesoramiento de los sindicatos. Les ha asegurado que "no corren ningún riesgo" y "no pueden ser represaliados por defender su vida o salud", ya que sus despidos serían declarados nulos.

SALVOCONDUCTOS

La ministra de Trabajo ha subrayado el carácter estatal de la normativa de prevención de riesgos laborales y ha recalcado que "no hay ningún salvoconducto que impida la aplicación de una norma de aplicación general".

"Soy clara, no hay ninguna orden o salvoconducto que sirva para impedir una norma como es la ley de prevención de riesgos laborales", y "si un trabajador en cualquier puesto de trabajo, en cualquier circunstancia, corre riesgos para su vida o salud, está autorizado para interrumpir su actividad, en alerta roja, para no despalzarse", ha dicho Díaz. Además, ha añadido que si una persona se desplaza cuando hay una alerta roja, no pone solo en riesgo su vida sino la de los demás.

NUEVA FASE

Yolanda Díaz ha señalado que se inicia una nueva fase en la respuesta a la DANA, de "reactivación o reconstrucción de los municipios más afectados", en la que el apoyo psicosocial tendrá un papel "imprescindible".

Díaz ha expuesto que se han solicitado 1.490 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a causa de la DANA que están "dando protección" a más de 18.600 personas. Ha asegurado que el despliegue de este mecanismo se está "documentando de manera diaria" y se está realizando un "seguimiento exhaustivo de cómo está funcionando", que incluye un refuerzo de los servicios públicos de empleo de más de 50 personas y reuniones dos veces al día.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha remarcado que el objetivo del ERTE y el resto de medidas es el mantenimiento del empleo y ha recordado que no se podrá despedir a los trabajadores con el expediente en vigor, que no se consumirá desempleo y que no se requerirá cotización previa. Una medida que incluye a las trabajadoras del hogar.

PLAN DE EMPLEO

La ministra, el conseller y los agentes económicos han abordado durante el encuentro el plan dotado con 50 millones de euros para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas por la DANA. Posteriormente, Díaz ha tratado el plan con responsables de los ayuntamientos implicados, ya que las corporaciones locales gestionarán directamente estas ayudas directas.

Yolanda Díaz ha destacado que esta medida seguirá un criterio de mayor afección de los municipios y ha asegurado que se quiere desarrollar la norma con todas las aportaciones que puendan realizar los municipios, los agentes sociales y la administración autonómica. El plan de empleo se centrará además en actividades de reconstrucción cuya necesidad ha creado la propia DANA.

El conseller de Empleo, por su parte, ha planteado a la vicepresidenta segunda un plan integral para la reactivación económica y la recuperación del empleo tras la riada.

Rovira ha concretado que han solicitado al Gobierno central la puesta en marcha de un plan de Empleo Reactívate que permitirá que los municipios afectados puedan contratar a personas desempleadas para trabajar en los propios Ayuntamientos. Este programa posibilitará contar con mano de obra para realizar tareas de reconstrucción, y por otra parte ofrecer una oportunidad laboral a personas que se han quedado sin empleo. Labora calcula que esta medida puede ofrecer trabajo a 1.500 personas.

El conseller ha informado de que la afección de las inundaciones supone el 19,6% de toda la población de la Comunitat Valenciana. Además, la zona afectada representa el 18,9% del conjunto de afiliaciones a la Seguridad Social (404.265 afiliaciones) en este territorio, de las que 65.273 son por cuenta propia (el 17,5% del total). Respecto a la Población Activa, la población de la zona afectada representa el 20,1% del total (506.729 personas) de la Comunitat Valenciana.

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha pedido la puesta en marcha "cuanto antes" de este plan". "Darse prisa es muy importante para que la actividad de las empresas se mantenga viva", ha afirmado. Además, ha lamentado las críticas hacia la "falta d sensibilidad" del Ministerio cuando "casi es justo lo contrario".

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha hecho hincapié en que "el diálogo social funciona", ha afirmado que el escudo social y "el despliegue de miles de millones de euros va a funcionar" y ha puesto en relieve la importancia de contar con un Estado "fuerte" y una "recaudación de impuestos justa y equitativa", ya que "salva vidas y empleos".