Imelsa se pone "a disposición del juez en todo lo necesario" y no descarta ampliar sus denuncias a Benavent

VALENCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de la Diputación Impulso Económico Local SA (Imelsa) ha asegurado este jueves que se pone a disposición del juzgado "en todo lo que sea necesario" en relación con la denuncia presentada por Fiscalía Anticorrupción ante el juez centrada en la actividad del exgerente de la entidad, Marcos Benavent.

Asimismo, ha anunciado su voluntad y la de la Diputación de Valencia de que "en la medida en que sea posible y en cuanto sea posible", ampliará las dos denuncias que presentó en su día, el pasado mes de enero, contra Benavent "en defensa de los intereses públicos que Imelsa representa".

Fuentes de la corporación provincial han señalado a Europa Press que las denuncias se presentaron por gastos no justificados del exgerente y han señalado que, si de la auditoría interna se desprendieran irregularidades, se ampliaría. Benavent dejó Imelsa el pasado mes de diciembre. Con el nuevo gerente, Rafael Soler, --que ya había ocupado anteriormente el cargo--, el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, ordenó abrir una investigación sobre su gestión y, tras una serie de hechos descubiertos, en enero se presentaron las dos denuncias en el juzgado.

Imelsa asegura que en la empresa "se desconocía totalmente" las supuestas actividades denunciadas por la diputada de EUPV, Rosa Pérez Garijo, y que, según su versión, han sido la base de la denuncia presentada por la Fiscalía ante el juzgado correspondiente.

Según Imelsa, además de la auditoría formal que la Diputación aprobó en el mes de julio del año pasado para todas sus empresas, ya ha contratado un auditor para analizar la gestión de los años en los que fue responsable como gerente Marcos Benavent. En este sentido, ha precisado que, al igual que sucedió en la investigación, en el caso descubrir anomalías con esta nueva revisión, las llevará ante la justicia "con la ampliación de las denuncias ya presentadas".

La empresa insiste en que todas las cuentas de Imelsa "están auditadas oficialmente, los balances anuales son positivos y no hay agujero económico", lo que considera que es "prueba" de que los presuntos hechos denunciados "se encuentran y se han realizado fuera de las dos instituciones".

Imelsa y la Diputación de Valencia han mostrado "su indignación y sorpresa" por los hechos denunciados y han anunciado que harán "todo lo posible por reparar el daño económico que se le haya podido hacer a las arcas públicas y a la buena imagen de la que gozan" ambas instituciones.

A juicio de la empresa, la diputada de EUPV "tenía la obligación de darlo a conocer tanto a la justicia como a su consejo de administración" y le acusa de haber sido "desleal con la empresa, de la que forma parte como miembro del consejo de administración, y no haya advertido a su tiempo de estas supuestas irregularidades, ya que, de haber sido así, se hubieran podido evitar otras posibles anomalías".

Para la corporación, "con esta actitud, la diputada, buscando un rédito político personal, ha perjudicado claramente a la empresa pública Imelsa y a la Diputación de Valencia y ha propiciado la continuidad del anterior gerente en su cargo durante al menos seis meses, dado que, de haber denunciado ante el consejo la información que tenía, el consejero delegado de Imelsa hubiera actuado, como hizo en enero pasado denunciando las presuntas irregularidades, y se hubiera destituido al anterior gerente de forma inminente, de modo que hubiera evitado que siguiera en su puesto seis meses más".