Un informe pedido por el Ayuntamiento de Alicante fija en 4.108 los pisos turísticos, de los que 3.292 son irregulares

   ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La ciudad de Alicante cuenta con 4.108 viviendas de uso turístico (VUT) y representan un 2,31 por ciento del parque total. De ellas, 3.292 están en situación irregular porque, aunque constan en el registro de la Generalitat Valenciana, no cuentan con los permisos del Ayuntamiento.

   En concreto, se solicitaron los informes correspondientes para 33 VUT, aunque se denegaron esas licencias, mientras que para las 3.259 restantes nunca se pidieron y, por tanto, se encuentran igualmente en esa condición.

   Así se desprende del informe sobre este tipo de alojamientos, encargado por la Concejalía de Urbanismo a la empresa Estrategia y Organización SA (EOSA), que se ha presentado este martes en el Museo de Arte Contemporáneo (MACA), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

   Las viviendas de uso turístico (VUT) en Alicante "no representan, en estos momentos, un problema generalizado de saturación, aunque sí existen determinados barrios en los que la concentración es más alta y donde se recomienda establecer límites".

   El peso de las VUT en el conjunto de alojamientos turísticos de Alicante disponibles es de un 68,42% del total. Además, el estudio fija que el número de plazas en estos apartamentos es de unos 19.000. En Alicante, este indicador es de 5,5 por cada 100 habitantes, inferior a ciudades como Málaga (30), Sevilla (27), Madrid (22), València (14), Barcelona (11) o San Sebastián (9). Sin embargo, en zonas como el Casco Antiguo, el dato asciende a 95 por cada 100. También hay concentración en puntos como Playa de San Juan.

   De acuerdo con este documento, a pesar de la "presión existente en ciertas zonas de la ciudad", ningún barrio de Alicante se considera, según la Ley de Vivienda estatal, "zona de mercado residencial tensionado".

"NI ÉXODO NI AUMENTO DE PRECIOS"

   Del mismo modo, tampoco se observa que en los últimos años se haya reducido el número de personas que reside en los barrios donde hay más VUT. El informe indica que "todavía no han generado un éxodo de población ni un aumento considerable en los precios de las viviendas".

   El estudio plantea realizar "un mayor control a las viviendas turísticas irregulares, mediante la imposición de multas y la renovación de licencias, en caso de infracciones graves".

   Asimismo, aboga por establecer una moratoria en la concesión de licencias a apartamentos turísticos, "que permita al Ayuntamiento integrar en el plan municipal un límite en la densidad de VUT por zonas y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, sobre todo en los barrios de mayor concentración". De hecho, el Gobierno local prevé llevar esta medida a Pleno este mes.

   El estudio también propone crear un censo público de VUT, "que mejore la transparencia en la gestión y el control de las actividades turísticas". Desde el consistorio han sostenido que se está trabajando en esa herramienta, "que permitirá a las autoridades municipales y a la ciudadanía acceder de manera transparente a la información sobre las VUT que operan legalmente en la ciudad".

   Sobre esta iniciativa, el Ayuntamiento ha insistido que "no solo facilitará la monitorización del cumplimiento normativo, sino que también proporcionará a los residentes la oportunidad de conocer qué viviendas en sus barrios están siendo explotadas turísticamente, con el fin de promover una mayor convivencia vecinal y ayudar a prevenir conflictos derivados del uso intensivo de las viviendas como alojamientos turísticos". También será una forma de "detectar los ilegales y erradicarlos".

"PUNTO DE PARTIDA"

   En el foro de exposición de estos resultados ha participado el alcalde Luis Barcala, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la directora general de Planeamiento, Leticia Martín, y representantes de la compañía consultora. Asimismo, han asistido miembros de asociaciones y colegios profesionales, grupos políticos municipales y colectivos vecinales.

   En declaraciones a los medios tras presentar el informe, Barcala se ha referido al estudio como "un punto de partida y una herramienta sumamente útil para dejar de lado debates basados exclusivamente en opiniones, en muchos casos genéricas y sin ningún fundamento, para poder justificar las medidas y saber en qué términos debe continuar el debate sobre este tema".

   Para el primer edil, "el modelo turístico forma parte indisoluble de Alicante", por lo que ha señalado que ahora se tienen que "sentar las bases que definen el futuro de la ciudad".

   El alcalde ha incidido en que medidas como la moratoria persiguen "dar plazo" al Ayuntamiento para "equilibrar lo residencial y vecinal con lo turístico y sectorial". "Se irán elaborando ampliaciones de este estudio, que afectarán a otras áreas como la fiscal o la de incentivos a los alquileres de larga duración", ha agregado.

   Barcala también ha destacado que el informe no se puede tomar como "una foto fija": "Es importante que no nos estanquemos pensando que esta imagen es definitiva y para siempre. La ciudad evoluciona y crece".

CRÍTICAS AL INFORME

   Desde la oposición, la portavoz adjunta del PSPV, Trini Amorós, ha calificado en declaraciones a los medios como "decepcionante" el estudio presentado: "No contiene datos sobre el número de VUT que operan de forma ilegal, ya que solo se han contabilizado como tal las inscritas en el registro de la Generalitat y que carecen de licencia municipal".

   La concejala socialista ha apuntado que "solo se han calculado las subidas de precios de viviendas de alquiler residencial entre el periodo de 2019 a 2022, dejando al margen la subida de un 25% de los precios acumulada en los dos últimos años": "Cuesta creer que en el Casco Antiguo y adyacentes haya el mismo número de plazas en VUT que en viviendas residenciales y que, según el estudio, no hayan aumentado los precios del alquiler".

   La edil del PSPV ha reiterado que "el Ayuntamiento debe actuar de inmediato para inspeccionar, sancionar y clausurar todas las viviendas turísticas que operan sin licencia", y ha remarcado que "en el Centro Tradicional no puede haber VUT en edificios residenciales".

   De otro lado, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha incidido en la idea de "punto de partida" para ver "dónde se encuentra realmente la ciudad para, en base a esos datos, actuar y poner en valor la prosperidad sin afectar a los vecinos".

   "Alicante vive del turismo y con este estudio también se podrá trabajar el tipo de turismo que queremos. La moratoria tiene que servir para ir en contra de los ilegales, pero tenemos muchas dudas respecto a ella, por ejemplo, si afectará a los edificios completos turísticos que hayan empezado o quieran arrancar con las obras o a los pisos que han iniciado los trámites y el proceso para ser VUT legales", ha detallado Robledillo.

   Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha afirmado que el informe "no ofrece nada nuevo". "Queremos saber por qué hay 3.200 pisos de forma ilegal que no se han intervenido cuando tienen esos datos", ha añadido.

   Mas ha insistido en que "sí hay barrios tensionados" en Alicante y cree que la "foto fija" del estudio ya está "caducada": "Esto genera muchos problemas de convivencia y agrede, sobre todo, al sector hotelero. Nos preocupa la poca ambición del equipo de Gobierno".

   En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, cree que "es momento de poner la vivienda en el centro de la agenda pública" y que "urge tomar medidas de calado ante la situación de Alicante".

   Copé considera que "hace falta un plan de vivienda lo más consensuado posible, con el fin de ofrecer soluciones a la crisis de vivienda que sufre Alicante".

   "Apostamos por una inversión de 2,5 millones para incentivar el mercado de alquiler de pisos vacíos. Serían unas 1.000 viviendas las que se podrían sacar a la luz en régimen de alquiler asequible con este incentivo", ha sentenciado el portavoz de la coalición.