El dueño del establecimiento se enfrenta a multas de más de 60.000 euros
ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha inmovilizado 59 kilos de productos pesqueros que se encontraban en un restaurante abierto al público de la comarca del Baix Vinalopó (Alicante). Los alimentos no contaban con la documentación que acreditara su origen, método de captura, controles sanitarios y estado de conservación.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, estas carencias ponían en riesgo la salud de los consumidores, ante lo que el 22 de noviembre, a través de la colaboración ciudadana, la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Elche obtuvo información sobre una posible venta y almacenamiento ilegal de pescado en un establecimiento.
Tras recibir el aviso, los investigadores se trasladaron hasta el local para realizar una inspección exhaustiva, durante la que hallaron diversas irregularidades relacionadas con los productos almacenados en arcones congeladores y frigoríficos industriales.
Entre los alimentos, se detectaron 33,9 kilos de pulpo, 11,43 de sepia, tres de calamar, 1,78 de atún, gambas y otras especies marinas, de las que muchas podían ser inmaduras, es decir, no alcanzar la talla mínima permitida para su captura y comercialización.
Los productos intervenidos quedaron a disposición de la Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, que continuará con las actuaciones necesarias. Además, se informó al Centro de Salud Pública de Elche debido a los riesgos asociados al consumo de alimentos que no han pasado los controles sanitarios pertinentes.
MULTAS DE MÁS DE 60.000 EUROS
El responsable del establecimiento se enfrenta a un expediente sancionador por infracciones graves a la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana, con multas de hasta 60.000 euros; y a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que contempla sanciones de hasta 4.000.
La Guardia Civil ha recalcado que la pesca y comercialización ilegal de productos pesqueros supone un grave riesgo para el medio ambiente al no respetar las normativas vigentes, como los periodos de veda, los límites de captura o las tallas mínimas.
Al mismo tiempo, apunta que la falta de controles sanitarios expone a los consumidores a posibles intoxicaciones o enfermedades y contribuye a un fraude fiscal que afecta a la Hacienda pública.