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Actualizado: miércoles, 3 agosto 2022 18:28

La Consellería de Sanidad prepara una actualización del protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales para incluir estas nuevas situaciones

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están investigando presuntos casos de sumisión química con pinchazos a varias jóvenes en las localidades de Xàtiva (Valencia) y la Vall d'Uixó (Castellón) y dos más en esta última provincia.

Por el momento, en la Comisaría de Policía de Xàtiva se han interpuesto tres denuncias en las que las jóvenes aseguraban haber sufrido pinchazos con sustancias químicas, según ha podido saber Europa Press.

Estos casos tuvieron lugar el mismo día, el 31 de julio, en una discoteca de la zona de Xàtiva. Las chicas no presentaban lesiones ni síntomas de agresión.

Por su parte, en la Vall d'Uixó se recibió otra denuncia de una joven por los mismos hechos y a la misma se le practicó una analítica que dio negativo en sustancias tóxicas, han informado fuentes del instituto armado. Asimismo, se han confirmado en esta provincia otras dos denuncias, según fuentes consultadas por Europa Press.

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO

Por su parte, la Conselleria de Sanidad está preparando una actualización del Protocolo de atención integral, sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales de la Comunitat Valenciana, que data de 2019, para incluir un apartado específico de la atención a las víctimas de sumisión química con pinchazos, según señalan desde el departamento que dirige Miguel Mínguez.

En la guía actual ya se incluye un anexo para establecer cómo debe ser el proceso de recogida de muestras en el centro sanitario ante la sospecha de drogas facilitadoras del asalto sexual, en el que se establece asimismo que la cadena de custodia "se garantizará en todo momento y estará documentada".

La cesión de datos de carácter sanitario está autorizada, incluso sin consentimiento del interesado, cuando sea necesaria para el desempeño de la función judicial. Asimismo, el protocolo señala que es "perfectamente admisible" la cesión de datos sanitarios directamente a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervengan en las primeras diligencias como policía judicial.

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