El alcalde de Alicante (PSPV), investigado por presunto fraccionamiento de contratos

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante va a citar a declarar el próximo viernes, 6 de octubre, en calidad de investigado, al alcalde de la localidad, el socialista Gabriel Echávarri, en relación a las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.

   Así lo han asegurado fuentes jurídicas y 'populares' después de que los portavoces municipales del PP, Luis Barcala, y Ciudadanos, Yaneth Giraldo, hayan acudido en la mañana de este viernes a ratificar las denuncias interpuestas por ambos grupos municipales.

   Además del primer edil, según las mismas fuentes, también serán llamados a declarar como investigados dos asesores: el de Comercio, Pedro de Gea, y el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez.

   Esta causa es relativa a las supuestas irregularidades que afectarían a 25 facturas de la Concejalía de Comercio, que dirige Gabriel Echávarri.

   El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciado que acudirá a lo largo de la mañana de este viernes, junto a su abogado y a su procurador, a los juzgados de Benalúa para obtener una copia de la denuncia presentada por los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular, en relación al presunto fraccionamiento de contratos en Comercio, Concejalía de la que tenía las competencias hasta este verano. Asimismo, ha dicho que la denuncia busca su dimisión y que él no dejará el cargo porque "no hay delito".

   En un comunicado, Echávarri ha precisado que desconoce "el contenido" de la denuncia y ha subrayado que "toda denuncia tiene dos partes obligadas: ratificación y declaración", por lo que ha remarcado que la citación "era lo esperado".

   Con todo, ha reiterado que "no hay delito" y ha zanjado que "mientras no tenga la denuncia no tiene sentido realizar más declaraciones". Al respecto, ha manifestado que "todos los técnicos que han pasado por la comisión de Comercio han asegurado que no había delito; en cualquier caso, una infracción administrativa".

   Así, ha mostrado "absoluta tranquilidad" porque el caso se subsanó cuando solicitó "la nulidad del procedimiento".

   Asimismo, ha recordado que "cuando el PP acudió a Fiscalía" él ya mostró su disposición "a ir a declarar en cualquier momento" y ha dicho ser "consciente" de que "evidentemente" la denuncia "busca provocar su dimisión para posibilitar un gobierno de PP y Ciudadanos", que como ha apuntado, "ya tienen pactado".

   En ese sentido, ha sentenciado que no dimitirá: "Lo digo ya: no contemplo en ningún caso dimitir, porque si dimitiera hoy dentro de 15 días el alcalde sería Luis Barcala, y eso es lo único que busca".

PP Y CS

   A la salida de los juzgados, el edil 'popular' Luis Barcala, ha indicado a los medios de comunicación que la comparecencia de hoy "es una consecuencia lógica de que se hayan abierto diligencias penales en los juzgados", y al respecto ha manifestado que están "más que satisfechos con la celeridad con la que se ha cogido este tema y se va a impulsar".

   El portavoz del PP en el Consistorio alicantino ha explicado que el ministerio fiscal ha preguntado "concretamente" si intuían "algún tipo de intencionalidad en el fraccionamiento más allá de lo que hemos expuesto en los hechos". "Nosotros lo que nos hemos limitado es a decir que no intuimos absolutamente nada. Nosotros hemos reflejado unos hechos para que se investiguen y será el resultado de la investigación el que arroje si hay algo más de lo que hasta ahora sabemos o no", ha afirmado.

   En ese sentido, ha puntualizado que su misión "no es especular, y mucho menos en un tema de esta gravedad", por lo que ha remitido, "entre otras cosas, a las declaraciones en los medios de comunicación de los propios implicados reconociendo que, o recurrían al contrato menor, o no podían hacer el gasto", por lo que para su grupo municipal "eso es ya una declaración de intenciones lo suficientemente explícita como para que se pueda presumir la comisión de un delito de prevaricación", ha expresado.

   Así mismo, Barcala ha informado de que su partido, "por pura responsabilidad" al haber presentado la denuncia, se ha personado como acusación particular. Además, ha mostrado su satisfacción por que Ciudadanos "haya llegado a la misma conclusión y también haya presentado su denuncia y se haya unido al procedimiento", según un criterio "que parece unánime en todos los que hemos estudiado el asunto", ha asegurado.

   Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha informado de que su grupo no se presentará como acusación particular, sino que lo dejan todo en manos del fiscal. "No queremos que se politice este tema tan importante, y por eso hemos decidido dar un paso atrás y que sea el fiscal quien lleve este caso", ha dicho.

   Así mismo, Giraldo ha indicado que están "muy contentos con la celeridad que le están dando a este asunto porque creo que es de máxima relevancia para el Ayuntamiento y para la imagen de Alicante que este asunto se esclarezca cuanto antes".

   Respecto al contenido de la comparecencia, Giraldo ha indicado que la jueza ha preguntado si desde su grupo tenían indicios de si en este fraccionamiento había alguna otra intención, "a lo que por supuesto contesté que no podía saberlo", ha reproducido.

   La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que "los hechos claros es que hay 25 facturas que se adjudicaron de forma exprés en diciembre de 2016, que había tres unidades funcionales que fueron rotas", y que según las declaraciones del interventor y del jefe de servicio durante la comisión de investigación, "se hicieron a espaldas de los funcionarios y es lo único sobre lo que nosotros tenemos certeza. Por lo tanto, la aclaración de si hay intención o no corresponderá a la justicia", ha concluido.