El juicio a Blasco se reanuda este lunes con la incógnita de los posibles acuerdos y la suspensión en el aire

VALNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts con el PP Rafael Blasco y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití, que nunca se llevó a cabo, se reanuda este lunes con la incógnita de posibles acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción, tras un primer aplazamiento el pasado 15 de abril, cuando las defensas aludieron a esa probabilidad de conformidad en una primera sesión.

La Audiencia de Valencia decidió aplazar entonces hasta este lunes 6 de mayo la vista ante la imposibilidad alegada por las defensas de abordarla con la preparación suficiente porque contaban con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el fiscal anticorrupción Jesús Carrasco, que relevó en este proceso a Vicente Torres, recientemente nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y con quien letrados defensores aseguraron tener una conformidad prácticamente cerrada.

Sin embargo, Carrasco manifestó en ese primer intento de arrancar este juicio que para contemplar la posibilidad de acordar alguna conformidad se debía producir la consignación de las responsabilidades civiles, que calificó de "insoslayable e insalvable" para llegar a un acuerdo, al tiempo que aseguró que preveía que el juicio sería "ineludible".

Además de los posibles pactos, se planteó también la situación de uno de los procesados, Adolfo Soler, cofundador de la Fundación Hemisferio, quien se encuentra en Bolivia y alegó padecer una "seria enfermedad" para no acudir a la vista.

Ante esta situación, la sala planteó solicitar su extradición y, mientras dure el proceso, celebrar el juicio sin su presencia. Sin embargo, varias defensas, entre ellas las del empresario Augusto César Tauroni y el propio Blasco, manifestaron la necesidad de que todas las declaraciones se realizaran en el mismo momento, una cuestión que la sala acordó resolver "más adelante".

De reanudarse efectivamente la vista, empezaría por las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados. En este proceso se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga a Blasco --condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión--; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip y el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.

PETICIONES DE ANTICORRUPCIÓN

Por estas piezas, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Blasco y pide como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclama el fiscal es para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

También solicita que se le fije una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.