Un juzgado investiga el presunto cobro de comisiones de Ribera Salud

   Fiscalía pide la imputación de Alberto de Rosa, consejero delegado, y Pablo Gallart, director financiero

   VALENCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia está investigando el presunto cobro de hasta un millón de euros en comisiones por parte de la central de compras de Ribera Salud --B2B-- por las prótesis y material sanitario que utiliza en los hospitales y centros de salud de la concesionaria --Alzira, Torrevieja, Dénia, Vinalopó--, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

   Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el pasado mes de mayo se recibió un atestado de la Policía Nacional, en el que se relataban unos hechos relativos al supuesto pago de comisiones por parte de los proveedores a la central de compras dependiente de Ribera Salud --B2B--.

   El juzgado abrió diligencias el 13 de mayo en un auto en el que acordó requerir un informe a la Conselleria de Sanidad. Según el TSJCV, el juez aún no ha recibido ese informe, del que dependen la determinación de los posibles delitos y de las personas a las que se les atribuirían.

   La Policía, en su atestado que nace de la denuncia de un sindicato, considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Desde que se abrió la causa se ha tomado declaración a varios testigos y hay otras testificales pendientes pendientes de practicar, según el TSJCV.

   El pasado cuatro de noviembre se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo máximo de instrucción al estar a punto de expirar los seis meses iniciales y estar aún pendiente la práctica de las diligencias señaladas, tanto las testificales como el informe de la Conselleria de Sanidad.

   En el atestado policial remitido al Juzgado se cita a una decena de personas, especificando la responsabilidad que tenían en las empresas investigadas. Sin embargo, en este momento, ninguna de esas personas tiene la condición de investigado imputado judicial, de acuerdo con el tribunal. El fiscal ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a la Conselleria el pasado mes de mayo, se tome declaración a dos de esas personas en calidad de investigados.

   Según ha podido saber Europa Press de fuenets judiciales, Fiscalía en concreto ha pedido la imputación del consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y del director financiero de la concesionaria, Pablo Gallart, nombres que apuntaba el atestado policial, que arrancó a raíz de una denuncia de SIMAP.

   Desde Ribera Salud han indicado a Europa Press que no han recibido ninguna notificación oficial sobre el inicio de las investigaciones y que, aunque han mantenido una primera reunión con sus abogados al tener conocimiento de la apertura de diligencias a través de los medios de comunicación, descartan realizar ninguna valoración hasta no tener esa comunicación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

   La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha indicado este martes en su cuenta de Twitter que se ha acordado requerir este martes información complementaria sobre B2B, a la ya pedida la semana pasada a Ribera Salud y están valorando personarse en la causa. Según fuentes de su departamento, Montón considera "graves" las informaciones en relación a esta cuestión y considera que es necesario que se aclare.

   Uno de los documentos se dirige a Ribera Salud para solicitar información sobre las relaciones contracturales que la concesioanria o cualquiera de sus empresas participadas --entre ellas B2B Salud-- pudieran tener con proveedores de bienes o servicios que se realizan a las concesiones sanitarias, indistintamente de si la facturacións e realiza directamente a ellas o, como en caso de las prótesis, a la Generalitat, ya que la actividad relacionada con las prótesis está fuera del contrato de concesión.

   La Generalitat ha remitido Ribera Salud UTE II también cinco requerimientos iguales, uno por cada concesión administrativa, donde reclama información, en un plazo de 15 días, sobre acuerdos con proveedores a través de otras empresas. Entre esas peticiones, se incluye la relación nominal de proveedores que prestan por cuenta de la concesión servicios sanitarios incluidos en el catálogo de prestaciones sanitarias facilitadas por el SNS; la documentación que justifique esa relación; los servicios sanitarios de la concesión y fecha de autorización y volumen de operaciones.