Los juzgados de Catarroja reiniciarán el lunes 2 de diciembre su actividad judicial ordinaria tras la dana

   VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha dictado este martes un acuerdo de urgencia para que los juzgados de Catarroja reinicien el próximo lunes 2 de diciembre su actividad judicial ordinaria, que estaba suspendida de forma indefinida a consecuencia de la dana que afectó a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

   La medida, que deberá ser ratificada en la próxima reunión de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal valenciano, ha sido adoptada a petición de la jueza decana de dicho partido judicial, según ha indicado el TSJCV en un comunicado.

   Los cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja prestarán servicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se les ha habilitado espacio y se han constituido provisionalmente por acuerdo refrendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante la imposibilidad de hacerlo en su propia sede, que quedó seriamente dañada por las inundaciones.

   Con la recuperación de la normalidad en Catarroja, ya no quedará ningún partido judicial en la provincia de Valencia con la actividad jurisdiccional ordinaria suspendida, pues los juzgados de Requena volvieron a señalar y a celebrar juicios, vistas y declaraciones el pasado 18 de noviembre y los de Torrent lo hicieron el día 25.

   Cada uno de los partidos judiciales de Torrent, Catarroja y Requena, que fueron los más afectados por la dana, cuentan ya con un refuerzo transversal aprobado, es decir, con un juez, un letrado de la Administración de Justicia y funcionarios de auxilio, tramitación y gestión cada uno de ellos. Además, la Sala de Gobierno del TSJCV ya ha aprobado el plan de actuación de esos tres refuerzos transversales.

   El acuerdo dictado este martes por la Presidenta del Tribunal Superior recuerda el mensaje "claro y rotundo" que ya emitió en su día la Sala de Gobierno sobre la "inexistencia" de obligación de cualquier ciudadano o profesional de acudir a una actuación jurisdiccional o procesal si encuentra "cualquier tipo de dificultad para desplazarse", en aras a garantizar la seguridad de las personas mientras persistan temporalmente las circunstancias derivadas de los daños ocasionados por la dana.