Juzgan al exalcalde de Bigastro (PSPV) acusado de pagar 23.000€ en restaurantes en dos años con una tarjeta municipal

ALICANTE 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal solicita cuatro años de prisión por un delito de malversación de fondos públicos para el exalcalde socialista de Bigastro (Alicante), Raül Valerio, al que acusa de usar una tarjeta de crédito municipal para pagar en bares y restaurantes entre los años 2009 y 2011, por un importe total de 22.921,58 euros. La misma pena reclama para el que fuera secretario-interventor de la localidad en aquel momento.

El fiscal ha planteado sus calificaciones previas en el inicio del juicio con jurado popular que ha arrancado este martes en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche. La acusación particular se ha sumado a esta petición de pena..

Además, la Fiscalía pide para el ex primer edil inhabilitación durante diez años para ocupar cargo de alcalde o concejal y para el secretario-interventor otros diez años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo que suponga el control del gasto o la fiscalización de la gestión económica municipal. Asimismo, les reclama que devuelvan al consistorio los casi 23.000 euros supuestamente malversados.

Por su parte, la defensa de ambos, en manos del mismo letrado, ha negado los delitos que se les imputan y considera que no hay argumentos que apunten a que los gastos que se denuncian no fueran destinados a satisfacer necesidades públicas y que no se especifica su destino privado. La denuncia por esos gastos surgió, dos años y medios después de que dejara el cargo Valerio, a instancias de su sucesora en la Alcaldía, Rosario Bañuls.

DESAPARICIÓN DE LOS TICKETS

Además, la defensa del exalcalde socialista ha señalado que el sistema para justificar esos pagos era a través de tickets y facturas que se entregaban a un funcionario para su archivo. Y ha apostillado que cuando Raúl Valerio dejó el cargo, los justificantes estaban en el consistorio y dos años y medio después habían desaparecido.

A ello, ha agregado que el uso de la tarjeta fue "legítimo" y "correcto" y "no en su propio beneficio", dado que ha argumentado que respondían a gastos "bastante normales" de toda la corporación.

En cuanto al secretario-interventor, la defensa ha alegado que la falta de control no fue por omisión sino por convicción de que el sistema empleado con la tarjeta de crédito, aunque no fuera el más ortodoxo, dejaba "rastros suficientes" como para justificarlos.

La defensa sostiene que una posible condena sería "injusta" porque el Ayuntamiento tiene "vías alternativas" para conocer el origen de los gastos y en su caso exigir el reintegro y ha añadido que el Tribunal de Cuentas no vio "nada extraño".