Les Corts aprueban la creación de 'Satan', un sistema de alertas contra la corrupción

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem, y Cs y la abstención del PP, la Ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental que crea el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (Satan) para detectar de forma temprana posibles irregularidades y malas prácticas administrativas en el ámbito de la gestión de la Administración valenciana.

Este sistema consiste en un conjunto de herramientas que posibilitarán, a partir del análisis de la información obtenida, la evaluación y la identificación con carácter preventivo de situaciones o marcos de riesgo para tratar de evitar que se puedan convertir en casos de corrupción.

La norma recoge que el personal de inspección de servicios y el que ocasionalmente pueda colaborar en el ejercicio de la función inspectora, guardará secreto y confidencialidad respecto de las investigaciones que se lleven a cabo y de los asuntos que conozcan por razón de su puesto.

Además, se desarrollarán reglamentariamente los mecanismos necesarios para proteger la intimidad y privacidad de las personas que presenten denuncias o comuniquen hechos con apariencia de irregularidad. Del mismo modo, se protegerá a aquellas personas que intervengan en la comprobación de los hechos investigados.

Para promover la coordinación y la colaboración de los diferentes departamentos del Consell, la ley prevé la creación de una Comisión Interdepartamental para la Prevención de las Irregularidades, con el objetivo de establecer un seguimiento y control de los riesgos de irregularidades y malas prácticas en la gestión administrativa.

Durante el debate parlamentario, el diputado de Cs Toni Subiela se ha mostrado "de acuerdo" con este proyecto que persigue "que haya mas medios y prevención contra la corrupción", pero ha considerado que, para ello, no hacía falta una norma ni crear "el chiringuito" de una nueva comisión interdepartamental.

CS: "TITULAR GRANDILOCUENTE"

Asimismo, ha reprobado la falta de información respecto a si la aplicación funciona, si están preparados los ordenadores para recibir el sistema y cuándo previsto que se aplique en la administración local y las diputaciones. A su juicio, se trata de "un titular grandilocuente sin contenido detrás" de quienes "venían a cambiarlo todo y no han cambiado nada".

Desde Podem, Fabiola Meco ha destacado el trabajo "serio y riguroso" realizado y ha señalado que con esta norma se continúa "levantando una pesada herencia reputacional que dejó el PP y que aun colea en algunas administraciones". "En presencia de 'Satan' les decimos que desde Podem seremos favorable a instrumentos que protejan del fraude y la corrupción y que supongan desterrar las malas practicas de la administración pública y de las empresas que trabajan en él", ha reivindicado.

FORTALECER LA DEMOCRACIA

En términos similares se ha pronunciado Mireia Mollà, de Compromís, para quien se trata de una ley "buena e importante" que "no es simplemente un sistema informático o de alertas", sino que supone "un gobierno honesto, que lucha frontalmente contra la corrupción y es aliado de la transparencia", lo que significa, a su juicio, "mejorar la gestión" y "fortalecer la democracia".

"Luchar contra la corrupción es hacerlo también contra la pobreza democrática o social, eso es lo que nos motivaba", ha reivindicado para defender que con esta norma se "dificultan" las actuaciones de quienes quieren "escapar del control".

Además, ha respondido a Subiela apuntándole que se han llevado pruebas técnicas previas para comprobar que la aplicación funciona y ha defendido la creación de esa comisión que está formada por personas que forman parte ya de la administración y se reunirán para "mejorar y evaluar".

Por su parte, la parlamentaria del PSPV Clara Tirado ha defendido la creación del nuevo sistema de alertas porque "permitirá actuar de manera rápida contra las malas prácticas para que nunca vuelvan a instalarse en nuestra comunidad" ya que ha defendido un espacio publico "transparente, ejemplar y con rendición de cuentas".

A su juicio, esta ley "forma parte de esa impronta ideológica que innegablemente queremos contemplar en la nueva administración autonómica" con mecanismos de control externos e internos con competencias "definidas" para lograr el objetivo del Botànic de "adoptar una actitud combativa contra la corrupción con mecanismos garantistas y eficaces de control, lucha contra el fraude, irregularidades y malas prácticas en la administración". "Tenemos una buena ley que se une a todo un catálogo de instrumentos para levantar la hipoteca reputacional de nuestra comunidad", ha defendido.

PP PIDE LA COMPARECENCIA DE ALCARAZ

Luis Santamaría, del PP, ha destacado el diálogo y el acuerdo alcanzado en torno a esta norma lo que, a su juicio, ha llevado a una norma que es "un paso adelante" en la "calidad normativa" del Botànic. No obstante, ha criticado que la Inspección General de Servicios se "le quiten competencias" y la falta de información sobre 'Satan'.

Por ello, ha pedido la comparecencia del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para que explique el retraso por motivos técnicos de la puesta en marcha del sistema de alertas, así como su funcionamiento y los recursos humanos con los que cuenta.

VAERSA

Por otro lado, Les Corts han aprobado por unanimidad una moción en la que se insta al Consell a que se pronuncie sobre la empresa Vaersa. La iniciativa había sido presentada por el PP, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo con el resto de grupos tras una enmienda de PSPV y Compromís.

En ella, se solicita informes a la Abogacía de la Generalitat y a la intervención para que en el plazo máximo de tres meses emita un criterio sobre la posibilidad de que Vaersa pase a ser un Entidad Pública Empresarial (EPE), así como se pronuncie sobre su personalidad jurídica para dar "estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores".

Asimismo, se pide que se aborde la forma legal y ajustada a los acuerdos con los representantes de los trabajadores que permita "consolidar la actual plantilla con trabajadores fijos como un elemento de mejora de las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral".

El documento indica que se trasladen estos informes a los grupos parlamentarios y a los sindicatos representantes de los trabajadores y que, después de su emisión, se consulte a esos sindicatos "el cambio de la empresa legalmente posible que consideren más viable". Mientras no se ejecute ese cambio, el texto urge a finalizar los trabajos para actualizar las tarifas de obras y el reconocimiento de las categorías profesionales y complementos específicos del personal.