Les Corts aprueban por unanimidad la Ley de Accesibilidad Universal, pendiente desde 2023

Obligará a eliminar barreras arquitectónicas y a incluir requisitos de accesibilidad en contratos públicos

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves por unanimidad, con 98 votos a favor, la proposición de Ley de Accesibilidad Universal, un proyecto que llevaba pendiente desde la pasada legislatura y que fue impulsado por el anterior gobierno del Botànic antes de las elecciones autonómicas del 28M.

Esta norma incorpora la igualdad y la perspectiva de género como elementos inherentes a la accesibilidad universal, con el objetivo de garantizarla en todos los espacios públicos y sociales, entornos naturales, sistemas de transporte, medios de comunicación y servicios de atención a la ciudadanía como un compromiso común compartido por la Generalitat y los ayuntamientos valencianos.

Se incluyen condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y planes de promoción y garantía de la accesibilidad universal, junto a la creación de un consejo valenciano de promoción y garantía de la accesibilidad universal para velar por el cumplimiento de la norma.

Entre las medidas de esta ley, se garantiza la lectura fácil en textos legales para personas con discapacidad, se regula y promueve la lengua de signos en la enseñanza y se vela por que todas las personas puedan desplazarse, acceder, usar y salir de un entorno sin barreras de ningún tipo.

Además, se obliga a incluir memorias de accesibilidad en proyectos de infraestructura y ajustes razonables en edificaciones existentes y urbanismo para eliminar barreras arquitectónicas.

En esta línea, se crearán planes de accesibilidad en parques naturales y se adaptarán playas urbanas con itinerarios accesibles y señalización inclusiva, además de instalar cabinas adaptadas en espacios públicos.

MEDIDAS ADAPTADAS ANTE EMERGENCIAS

En materia educativa se desarrollarán planes específicos de accesibilidad en etapas obligatorias y superiores, mientras en emergencias se incorporarán medidas en planes de protección civil adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

Paralelamente, se establece la creación de una oficina de coordinación y promoción de la accesibilidad universal, algo que se impulsará en servicios públicos digitales para garantizar la igualdad de acceso a la información y la comunicación.

Habrá también requisitos obligatorios de accesibilidad en contratos públicos, con sanciones en caso de incumplimiento, y un enfoque interseccional que garantice la igualdad de género y no discriminación en todas las políticas públicas de accesibilidad.

SANCIONES

En cuanto a las sanciones, se clasifican en leves, ante ausencia de señalización accesible; graves, por incumplimiento de requisitos de accesibilidad en edificios o servicios públicos, y muy graves frente a la negativa a realizar ajustes razonables o incumplimiento sistemático de la ley.

Las sanciones incluyen multas proporcionales, medidas correctivas obligatorias y, en casos extremos, suspensión de actividades.

La Ley de Accesibilidad Universal, con más de cien artículos y varias disposiciones, ha llegado al hemiciclo tras superar la fase de participación ciudadana, con un total de 53 enmiendas, y de propuestas de los grupos parlamentarios en comisión.

"LEY TERESA NAVARRO"

Durante el debate de este miércoles, todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo a la ley y dedicaron unas palabras a Teresa Navarro, defensora de los derechos de las personas con discapacidad en el Ayuntamiento de València y líder de Impulsa Igualdad CV, tras su fallecimiento el pasado sábado. Al hemiciclo asistieron representantes del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Para el presidente del CERMI CV, Luis Vañó, esta "Ley Teresa Navarro" es "un referente nacional, no solo cumpliendo los estándares normativos actuales, sino también impulsando una sociedad más justa, inclusiva y accesible".

"Las personas con discapacidad deben tener garantizado su derecho a entornos y servicios sin barreras de ningún tipo, y los parámetros de esta ley de quinta generación son claros: la inclusión debe centrarse en la participación equitativa, la diversidad en el reconocimiento y valoración de las diferencias, y la accesibilidad universal debe proporcionar las herramientas prácticas para hacerlo posible", expone en un comunicado donde la organización se compromete a velar por la implementación efectiva de esta ley.

Entre los grupos de Les Corts, la diputada del PP Elena Bastidas afirmó que la ley es una reivindicación histórica que mejorará la vida de más de 400.000 valencianos, además de destacar medidas como la protección de la lengua de signos y los derechos de sufragio pasivo, la adecuación de planes de emergencia o el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad.

"PASO DE GIGANTE"

La socialista Laura Soler celebró la ley como "un paso de gigante" y pidió que se aplique de forma coherente en el día a día, así como no olvidar el papel de los cuidadores de las personas con discapacidad y mejorar los protocolos de emergencias para este colectivo a partir de las lecciones de la dana.

Francesc Roig (Compromís) recordó que la ley fue impulsada por la Conselleria de Igualdad del Botànic, entonces dirigida por Mónica Oltra, mientras reprochó que se apruebe sin que haya comparecido la vicepresidenta y consellera del ramo, Susana Camarero, para exponer la afectación de la dana en el colectivo. También pidió blindar por ley la financiación para las personas con discapacidad.

Por su parte, la diputada de Vox Miriam Turiel destacó enmiendas de su grupo como facilitar el acceso a las playas a las personas que sufren daltonismo y llamó a "tender puentes y no trampas" a este colectivo: "No se trata de caridad, sino de calidad de vida".

ACORDADA POR MAZÓN Y BALDOVÍ Y APROBADA EN PLENO DESACUERDO

El proyecto de la ley fue aprobado por el pleno del Consell en marzo de 2023, unos meses antes del final de la legislatura, sin que pudiera pasar por Les Corts por la convocatoria electoral, tras lo que Compromís lo retomó como proposición de ley.

Fue un proyecto que acordaron tramitar el pasado mayo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en su primera reunión tras el inicio de la legislatura.