Más de 47.000 valencianos han recibido la renta garantizada de ciudadanía este año, casi un 50% más que en 2013

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 47.242 personas han recibido durante los 11 primeros meses de 2017 la renta garantizada de ciudadanía que concede la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una cantidad que supera en un 48,1% la cifra de 2013, "en los peores años de la crisis económica", cuando fueron destinatarios 31.886 valencianos, destaca la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Entre enero y noviembre de este año, el departamento que dirige Mónica Oltra ha resuelto prestaciones que ascienden al pago de 51,9 millones de euros. Un total de 19.656 personas han sido titulares de esta prestación y otras 27.586 son beneficiarias por su relación familiar o de parentesco con la persona a la que se concede de ayuda.

Unas cifras que, para la vicepresidenta y consellera, "demuestran que el Consell del Botànic está cumpliendo su compromiso de rescatar personas" y representan una mejora en la implantación de una ley que "llevaba años en el olvido".

Bajo este prisma, Oltra ha destacado que la línea tuvo un incremento presupuestario de 12,9 millones en junio y dos aumentos más por transferencias de crédito en julio y noviembre, ambas por un total de 819.370 euros. La Generalitat prevé además una nueva generación de crédito pendiente, procedente de fondos estatales, que asciende a 3,92 millones de euros y será incorporada próximamente.

La titular de Igualdad ha lamentado que "esto no fue así en años como 2013 o 2014", cuando "la crisis era más fuerte y afectaba a más personas". "No fue hasta la llegada del Botànic cuando se produjo un cambio real en esta tendencia, duplicando en 2016 la cantidad abonada el año anterior", ha recalcado.

"El pago de la renta --ha incidido-- ha sido una de las prioridades y por ello le confirió la categoría de crédito ampliable, lo que permite aumentar la partida destinada a este fin cuando se agota".

Con los aumentos de crédito, el presupuesto destinado en 2017 a sufragar la renta garantizada de ciudadanía se incrementa hasta los 54,8 millones de euros, una cantidad que "contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en los años donde la crisis económica era más fuerte, como en 2008, donde la renta tenía un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros, de los que finalmente no se sustanció ni un euro".

Desde la Conselleria señalan que el presupuesto inicial de la renta garantizada para este año alcanzaba los 41 millones de euros, cantidad comprometida a través del pago directo a través de las direcciones territoriales o de los 86 ayuntamientos e instituciones municipales, que actúan como entidades colaboradoras.

El incremento va en la línea de las cifras de 2016, que cerró con un total de 50.204 destinatarios de ayudas (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios) y, para Oltra, "evidencian la efectividad de las medidas urgentes que se adoptaron hace dos años ante la caótica y grave situación de emergencia social, heredada del anterior Gobierno (autonómico)". Ha agradecido así el "esfuerzo" del personal de la Generalitat Valenciana.

NUEVA LEY DE RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN

Paralelamente, la vicepresidenta del Consell ha recordado que las Corts aprobaron la semana pasada la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía para "dignificar la vida de las personas y ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización".

La nueva normativa permite que esta ayuda tenga carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, y al mismo tiempo, amplia los requisitos para poder demandarla. También flexibilizará los requisitos, por lo que "llegará a más personas".

De hecho, será necesario solo un año de empadronamiento frente a los 24 meses actuales y exigirá únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la subvención. También amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años, mientras que la franja actual va de 25 a 65 años.

Con la nueva ley, el importe de la prestación será de un total de 495 euros para los titulares, cantidad que se incrementaría en un 25% en el caso de que las personas beneficiarias requieran de ayudas para vivienda y pobreza energética, hasta 619 euros frente a los 385 actuales.