Save the Children reclama a la administración autonómica un aumento "progresivo y sostenido" de la inversión en protección a la infancia
VALENCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana es altamente desigual debido, principalmente, a la pérdida de ingresos que han sufrido las familias con menos recursos. De hecho, la renta disponible en las familias con niños y niñas más pobres, se ha visto reducida más del doble que la de los niños con más recursos durante los años de crisis --un 35% y un 16% respectivamente. En el año 2015 el 12% de los niños valencianos estaba en situación de pobreza severa, según el informe 'Desheredados' y su anexo específico para la Comunitat Valenciana de Save the Children.
La entidad explica, a través de un comunicado, que en las sociedades más desiguales el éxito de los niños está condicionado por la herencia económica y social de los padres y añade que es "necesario que el Gobierno de la Comunitat Valenciana sitúe a la infancia en el centro de sus políticas públicas.
"Si bien es cierto que se están poniendo en marcha algunas medidas que pretenden revertir la situación, hoy por hoy, un niño que nace en un hogar pobre en la Comunitat Valenciana tiene muchas posibilidades de seguir siéndolo de por vida" afirma Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children Comunidad Valenciana.
La desigualdad está directamente relacionada con el desempleo y con la calidad del empleo. De este modo el crecimiento del paro durante la crisis ha afectado mucho más a las familias más pobres y con hijos en nuestro país. Este problema se ve acentuado en comunidades autónomas como la valenciana, con una tasa de paro superior a la media nacional, donde la incidencia del desempleo de larga duración (12 o más meses) es mayor entre los sustentadores principales de hogares con menores de edad, el 17,3%, frente al 6,6% en hogares sin menores en su seno.
"Mi padre está en el paro porque la fábrica cerró. Mi madre está en casa buscando trabajo. Si mis padres dicen 'no' sé que es por algún motivo. Mis padres quieren que seamos felices, si dicen no es porque no tienen dinero", explica Ana, una niña de 12 años de uno de los programas de intervención de Save the Children.
Si no se genera empleo suficiente para todos o éste no es de calidad, los hogares solo pueden salir de la pobreza a través de la protección social, pero en el caso de España y de la Comunitat Valenciana, la inversión es muy escasa y no se distribuye de forma equitativa. En esta región, apenas uno de cada diez niños tiene acceso a las prestaciones al hogar, la única prestación dirigida a mejorar su situación (en el caso de España son tres de cada diez), advierten desde Save the Children.
En la misma línea, recalcan que "el sistema de protección social de la Comunitat Valenciana deja desprotegidos a los niños y a las niñas de las familias con menos recursos y no consigue reducir suficientemente la desigualdad y la pobreza infantil, lo que se debe a su marcado carácter contributivo y a la alta tasa de desempleo en las familias más pobres de la Comunitat".
De acuerdo a los datos recabados por la entidad humanitaria, el pago de la vivienda es el gasto que más afecta a la pobreza infantil. En la Comunitat Valenciana el 50% de la renta de las familias más pobres con hijos se destina al pago de la vivienda y gastos relacionados como el gas, la luz y el agua, mientras que las familias con niños con más recursos apenas ven reducidas sus rentas en un 9%. Uno de cada dos menores pobres sufre sobrecargo de los gastos de vivienda (destina más del 40% de su renta a vivienda), lo cual significa que su desarrollo físico, cognitivo y emocional se ve comprometido.
Además, el 50% de las familias valencianas con menos recursos tienen una vivienda en propiedad (hipoteca), porcentaje que contrasta con el 30% y 20% de Cataluña y Madrid (respectivamente). La pérdida de renta de las familias más pobres supone que hacer frente al pago de estas hipotecas sea cada vez más difícil.
Cuando se analizan los tipos de gasto (hipoteca o alquiler y las facturas de consumo básico de calefacción, luz y agua) se ve cómo las familias con niños y niñas, pertenecientes al grupo de rentas más bajas, son las que, en mayor porcentaje, afrontan retrasos en el pago de alquileres/hipotecas y facturas de consumo (27% y 26% respectivamente).
Uno de los gastos asociados a la vivienda que las familias con menos recursos se ven obligadas a recortar más habitualmente son los energéticos, cuyo coste, además, ha aumentado un 70% durante la crisis, lo que impide a casi tres de cada diez hogares valencianos con hijos mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
Como ejemplo, la ONG cita el caso de Vicente, que tiene 43 años y tres hijos, es viudo y no tiene trabajo desde hace 10 años. Recibe en total 300 euros de ayuda al mes, con los que no puede cubrir todos los gastos de su familia. Tiene una hipoteca y un acuerdo con el banco para paralizar el pago durante cuatro años, le queda un año y teme perderla porque no podrá pagar las mensualidades.
"Cuando no tengo nada, en el quiosco me fían los materiales escolares y los voy pagando poco a poco. En el colegio también me ayudan, me pagan las excursiones de los niños y el comedor. Se pasa mal, no sé qué hacer, a veces voy a vender pañuelos, pero la policía me dice que no puedo. No lo entiendo, porque yo no pido dinero, solo pido la voluntad. No sé cómo lo hago a veces hago pequeños trabajos y gano unos 30€ y con ellos compro lo básico para que coman los niños: yogures, pan y fiambre. Cuando llegan las vacaciones me cuesta mucho más, pero a veces el ayuntamiento me ayuda con la comida", relata.
La ONG añade que las políticas de educación son "herramienta indispensable" para la reducción de la desigualdad y la pobreza infantil y apunta que en la Comunitat el porcentaje de menores matriculados en educación de 0-3 es de las más bajas de España (28,8%, una distancia de casi 20 puntos porcentuales respecto al País Vasco y 5 puntos respecto la media española) y, aunque se han implementado algunas políticas dirigidas a corregir la segregación escolar (creación de zonas diferenciadas para la escolarización) lo cierto es que la heterogeneidad social de los centros escolares no está todavía garantizada (El 13% del alumnado de la escuela pública es de origen extranjero, mientras que en el caso de las concertadas se reduce al 4,5%).
Por todo ello, Save the Children exige un aumento progresivo y sostenido de la inversión en protección social a la infancia y la familia, apostando por el componente no contributivo. El presupuesto destinado por la Generalitat a políticas de infancia debe ser "fácilmente identificable y evaluable", concluyen.