Nueva pieza en el caso Cooperación para investigar un amaño de contratos informáticos de Blasco a Tauroni

Instruye en una quinta pieza el uso que hizo el empresario Tauroni en Picassent de un ordenador con internet

VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargado del caso Cooperación, ha abierto una nueva pieza para investigar presuntas irregularidades en la contratación por parte de la extinta Conselleria de Inmigración --posteriormente Conselleria de Solidaridad--, cuando estaba dirigida por Rafael Blasco, de servicios informáticos en los que intervino el empresario Augusto César Tauroni por valor de más de un millón de euros.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de este procedimiento, se trata de la pieza cuarta de este caso. La primera, ya cerrada con sentencia condenatoria firme, se refería a irregularidades en subvenciones para proyectos en Nicaragua; y en la segunda y la tercera se investigan otras ayudas a diferentes ONGs y la proyección de un hospital en Haití.

Junto a éstas, la jueza ha abierto recientemente una quinta pieza, tras ordenárselo la Audiencia, para averiguar el uso que hizo Tauroni de un ordenador portátil que le intervinieron en Picassent, donde se encontraba cumpliendo condena --seis años de prisión-- por la primera pieza de este procedimiento.

Los contratos informáticos investigados ahora ya se encontraban en el procedimiento desde su origen, pero a finales del pasado año la instructora los remitió al Decanato para que se repartieran a otro juzgado al entender que eran ajenos a las piezas de Cooperación. Sin embargo, finalmente será esta magistrada, quien en ese momento vio indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, la que indague sobre estas contrataciones, ha podido saber Europa Press.

La investigación se centra en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y consiste en el presunto amaño de contratos informáticos, adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni.

En concreto, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Estos contratos fueron adjudicados a tres empresas --Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática-- que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Las primeras mercantiles contrataban con las segundas antes de que se hubiera iniciado la tramitación del expediente administrativo que había de resolver a quién se le adjudicaba el servicio o de que se publicitara el pliego de condiciones. En otras ocasiones, el objeto del contrato no se correspondía con el servicio prestado.

EL ORDENADOR DE TAURONI

Respecto a la quinta pieza del caso Cooperación, la del uso que hizo Tauroni de un ordenador en Picassent, la magistrada abrió recientemente una investigación después de que el pasado mes de febrero la Audiencia se lo ordenase.

Tauroni contaba con una autorización para utilizar un ordenador de Picassent, de la Unidad Docente, para facilitarle el estudio de la documentación que en formato electrónico --por su elevado volumen-- se había incorporado al caso Cooperación.

Con ocasión del traslado del empresario a un modulo distinto de la prisión, se hizo revisión del ordenador portátil y se descubrió que con el mismo era posible conectarse a internet y que se había utilizado indebidamente el acceso a la red existente en la Unidad Docente.

Tras conocerse este hecho, el fiscal pidió una investigación por si Tauroni había podido manejar desde este ordenador sus cuentas en el extranjero o había dado instrucciones a terceros sobre la disposición de su patrimonio.

Así mismo, alegó que Tauroni es un experto informático y que una de las líneas de investigación que se siguen en la causa es si su patrimonio en Estados Unidos proviene de adquisiciones relacionadas con los beneficios de los delitos de malversación y fraude de subvenciones que se le imputan.

La jueza declinó investigar este asunto al verse no competente y después la Audiencia le ordenó hacerlo al estimar que había indicios de la posible comisión de hechos delictivos más allá de la responsabilidad disciplinaria en que el interno hubiera podido incurrir. A la magistrada le recordó que, pese a su "interpretación restrictiva" de una artículo de la ley, esta misma normativa recoge que "se prevé la posibilidad de que aún cuando no se aprecie ninguna regla de conexividad, se pueden investigar hechos delictivos cometidos por una misma persona que tengan analogía o relación entre sí".