VALÈNCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que desde el curso 2012-13 el Consell del PP eliminó más de 500 aulas educativas públicas y en dos cursos el Consell del Botànic ha abierto más de 800 unidades educativas, eliminando sólo dos aulas concertadas. "Esta es nuestra carta de presentación y la de quienes quieren hacer de la educación un campo de batalla, nada que añadir", ha indicado.
Así se ha pronunciado la portavoz en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre cuestiones educativas como la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo y la fianza pedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a dos colegios concertados para poder recuperar el concierto.
"El único que está intentando crear polémica con esta cuestión es el PP, que en educación no sale muy bien parado que digamos", ha dicho Oltra, antes de ofrecer los datos de creación y supresión de unidades de los últimos cursos.
Ha detallado que en el curso 2012-13 el Consell del PP cerró 428 unidades públicas y abrió 20 concertadas, lo que supuso en términos globales la pérdida de 408 aulas. En el curso 2013-14, ha continuado, se cerraron 63 unidades públicas y se concertaron 46, con un resultado de 17 aulas perdidas. Asimismo, en el curso 2014-15 el PP cerró 115 unidades públicas y concertó 12 privadas, con una pérdida global para el sistema educativo de 103 unidades, ha dicho.
Por el contrario, ha proseguido la vicepresidenta, en el curso 2015-16, el primero con el Consell del Botànic, se abrieron 378 aulas públicas y se concertaron 17, lo que arroja un saldo de 395 unidades más, en tanto que en el curso 2016-17 se han abierto 445 aulas públicas y se han eliminado 2 concertadas, lo que supone 443 unidades educativas más.
Asimismo, respecto a la fianza solicitada por el TSJCV a dos centros concertados para devolverles el concierto de Bachillerato, Oltra ha incidido en que se trata de 1,1 millones de euros, "el coste que la Generalitat tendrá que asumir con estos centros privados" si finalmente esta decisión se revoca.
Esa cifra es "lo que cuesta a la Generalitat pagar a una empresa privada por dar una educación que ya estamos dando en la pública" tras un auto que el Consell acata y que supone tener que "pagar doble", ya que existen plazas públicas para atender la demanda.
Se trata de un dinero que "no irá a eliminar barracones, por ejemplo" y con el que "podría haber coles enteros hechos de nuevo". "No podemos hacer una inversión porque tenemos que pagar a una empresa privada por un servicio que ya tenemos en la pública", ha lamentado.