La oposición exige la dimisión de Jorge Rodríguez por Alquería y el PSPV asegura que lo haría si fuera socialista

VALNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP, Ciudadanos y Vox reclaman la dimisión del alcalde de Ontinyent, el exsocialista Jorge Rodríguez, ante la petición de Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el también expresidente de la Diputación de Valencia, así como que Compromís depure responsabilidades por sus representantes implicados en el caso 'Alquería'. Mientras, el PSPV asegura que Rodríguez dejaría su cargo si todavía estuviera en el partido y no en La Vall ens Uneix.

Esta petición de cárcel, por presuntas contrataciones irregulares de directivos en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa), se extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, para el asesor Manuel Reguart y para los dos exgerentes Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV).

En declaraciones en Les Corts, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha defendido que Rodríguez "debería dimitir por la grave acusación" de Fiscalía, respetando la actuación judicial hasta que haya sentencia, porque "obviamente hay unas responsabilidades políticas que se tendrán que asumir".

"Vamos a hacer algo que el PSOE, Compromís y Podemos jamás hicieron con el PP: respetar la presunción de inocencia, aunque aquí se ha dado un pasito más" por la petición de ocho años de prisión, ha aseverado, para remarcar que el alcalde tiene derecho a defenderse.

Sobre todo, ha insistido, porque estos partidos pedían "automáticamente" al PP que dimitieran sus cargos implicados en casos de presuntas corrupción, "y así se hizo". Ha rechazado así que no haya "dobles varas de medir" y todos tengan claro si hay que cesar cuando los políticos son imputados, llamados a juicio oral o condenados, además de urgir a PSOE y Compromís a dar explicaciones en la Diputación.

La síndica 'popular' ha subrayado que son penas muy graves y "una forma de actuar impropia de una democracia y un estado de derecho", advirtiendo que "las personas que se van a sentar en el banquillo siguen ocupando cargos públicos y cobrando de la administración".

Tras recordar que Rodríguez era socialista cuando presidía la corporación, ha hecho hincapié en que "alguien tendrá que salir a asumir responsabilidades" y ha asegurado que no va a "decir eso de que pidan perdón" como le reclamaban a ella. Y ha exigido a Compromís "exactamente lo mismo por obligación moral, incluso más que legal", y coherencia cuando pide destituciones en otros partidos como el PP.

"Lo cómodo es apartar a la gente de tu partido; hablo con conocimiento de causa: nosotros hemos sido coherentes con el respeto a la presunción de inocencia y con la actuación judicial cuando no nos ha gustado, y desde luego en pedir responsabilidades", ha ahondado. Y ha apostillado: "Esto es corrupción, no gestión administrativa".

CS DENUNCIA UN "DEDAZO" PARA COLOCAR A LA EXGERENTE

Por parte de Cs, la diputada Mamen Peris ha coincidido en que Rodríguez debería dimitir "desde el punto de vista ético", remarcando que "esto no es ninguna persecución: es la justicia". Precisamente, ha recordado que su partido fue quien llevó este expediente a la Fiscalía en 2018 y que "todo el mundo se rió de Ciudadanos", con lo que aunque "la justicia es lenta" la petición responde a "delitos muy graves".

Ha rechazado estas "corruptelas" en empresas públicas al nombrar a cargos "a dedo" y ha preguntado a la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, "qué camiseta se pondría hoy y cómo es posible que mantenga a una persona que apartó de Divalterra pero la colocó en otras empresas públicas de Burjassot" con un "dedazo".

La representante 'naranja' ha urgido saber "quién va a devolver esos 1.200.000 euros" del coste para las arcas públicas, si el PSPV o Compromís, antes de tachar de foto de la vergüenza que "distribuyeran cargos y altos directivos a las propias familias". "Ya no tienen excusas", ha avisado.

Y de Vox, su síndica, Ana Vega, ha afirmado que es un caso muy grave en el que se tendrán que depurar responsabilidades. Aunque su conocimiento sobre 'Alquería' es "limitado", ha denunciado que la corrupción es un "problema endémico" en la Comunitat en diferentes gobiernos, con empresas utilizadas como "chiringuitos de colocación". "Si se confirma, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos", ha enfatizado.

BOTNIC

Por parte del Botnic, el socialista Manolo Mata ha abogado por diferenciar el plano político, personal y judicial, afirmando que "en lo político, el PSPV ha hecho lo que tenía que hacer porque no tiene ninguno de sus investigados o acusados en ningún cargo". En lo personal ha lamentado que siente "mucho dolor", porque es gente que conoce desde hace años que pasa un mal momento, y en lo judicial con "todo el respeto a la justicia".

El también abogado sí ha remarcado que tiene "muchas dudas" porque es un "tema jurídicamente complicado" y ha recordado que "en casos más graves, las peticiones de Fiscalía han sido muy inferiores", como en la antigua Imelsa cuando "se contrató a gente con salarios desorbitados que nunca iban a trabajar o que cuando iban era para ayudar al 'yonki del dinero'".

Sobre si debería abandonar la alcaldía, ha sostenido que "habría que preguntar a su partido" y que si fuera del PSPV "la abandonaría seguro", como hizo cuando dimitió en la Diputación en 2018. Mata también ha remarcado que "nunca" ha vuelto a hablar con él de este tema tras gestionar su dimisión y ha descartado poner la mano en el fuego "por nadie" porque no se quiere quemar.

Como síndic de Compromís, Fran Ferri ha asegurado que como partido no pueden "hacer nada" con la situación de la exgerente, ya que se actuó en su momento "apartándola de todos sus cargos" con suspensión de militancia hasta que acabe el procedimiento, y ha añadido que su puesto previo no tiene que "nada que ver con ningún cargo institucional". "No hay mecanismos para la suspensión total de militancia sin que haya sentencia firme", ha apuntado.

Ha constatado que es un caso "duro" con peticiones de penas "bastante duras" para la gente implicada y, por tanto, cree que deberían plantearse si "seguir ostentando cargos públicos es lo más adecuado en estos momentos". En todo caso, ha puntualizado que pertenecen a partidos que "ya no están en el Botnic" y lo ha contrapuesto a la actuación del PP con las etapas de gobierno de Camps y Fabra.

Ferri ha reconocido que "impacta" y lamenta mucho un caso como este con la presunta implicación de alguien de su partido, aunque la justicia sigue su camino y todos tienen derecho a defenderse. "Pase lo que pase, el mal político y a las instituciones ya está hecho", y ha coincidido en que no pone la mano en el fuego "por nadie".

Y de Unides Podem, su portavoz, Pilar Lima, ha defendido que su partido "no tolera la corrupción desde su nacimiento" y que "nadie puede ostentar un cargo público si está practicando algún tipo de corrupción". "Aquí hemos arrastrado mucha corrupción con el PP y debemos aprender de esa etapa que tiene consecuencias en los servicios públicos", ha reivindicado.

"En el Botnic no hay ningún caso de corrupción, y espero que siga siendo así", ha enfatizado, y ha garantizado que respetarán la sentencia y pedirán consecuencias políticas si hay algún culpable, preguntada por el papel de Podemos a cargo de la transparencia en la Diputación.