El párroco de Callosa de Segura dice que la retirada de la cruz ha obviado "el derecho a la propiedad"

   ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El párroco de la iglesia de San Martín en Callosa de Segura (Alicante), Juan Bautista Samper, de donde este lunes ha sido retirada una Cruz de los Caídos en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ha criticado que la actuación del Ayuntamiento se ha llevado a cabo "obviando el derecho de propiedad privada" ya que, según ha incidido, se ha ejecutado sin que los tribunales hayan "delimitado" el dominio público "y sin haber convenido con la Parroquia la afectación del inmueble".

   Samper ha apuntado que la retirada de la cruz se ha efectuado "invadiendo el suelo propiedad de la parroquia generando un manifiesto daño en sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de la Iglesia".

   En un comunicado de siete puntos, el párroco ha sostenido que el Ayuntamiento ha ejecutado un acto que "está siendo objeto de discusión ante los tribunales y en los que, precisamente se está discutiendo la titularidad del bien que afecta a tal acto administrativo". Samper ha acusado al consistorio de "obrar sin esperar al pronunciamiento judicial movido por presiones e intereses políticos".

   Además, ha criticado que se haya actuado sin una "comunicación formal previa", en la que esperaba tener conocimiento de "manera específica" del día y hora de la intervención, los medios a utilizar, el personal asignado y "en definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas medidas para ejercer sus derechos o, al menos, tomar las cautelas adecuadas para evitar posibles daños a sus bienes".

"ÚLTIMAS INSTANCIAS JUDICIALES"

   "Tan solo se le comunicó al párroco por escrito, la ocupación de la plaza de la Iglesia con motivo de la realización de obras en la misma, sin ningún otro tipo de especificación. Tampoco el Ayuntamiento ha notificado a la parroquia el destino de la cruz y el lugar donde se depositará", ha dicho. Por ello, ha anunciado que continuará la labor "de defensa de sus derechos patrimoniales hasta las últimas instancias judiciales que procedan".

    Por otra parte, ha manifestado que tanto la parroquia de San Martín como el Obispado de Orihuela-Alicante "han articulado todos los medios legalmente procedentes en amparo de su derecho de propiedad y la de sus feligreses, estando pendiente aún de pronunciamiento los tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen la propiedad y el alcance de los derechos sobre la Cruz y la plaza de la Iglesia".

   "Además, sigue pendiente un proceso de posible vulneración de derechos fundamentales y una investigación en el ámbito penal, sin conocerse aún el resultado de todas estas actuaciones, por lo que entendemos que el Ayuntamiento ha actuado por la vía de hecho, vulnerando los más elementales principios de prudencia y seguridad jurídica", ha seguido.

   Finalmente, ha agradecido el respaldo de los feligreses y han dejado constancia de su "absoluto rechazo hacia toda forma de violencia física, verbal o de cualquier tipo como modo de actuación en la resolución de posibles malentendidos". "Al contrario, abogamos siempre y de manera decidida por el diálogo abierto y sincero en el respeto a todos, incluso hacia aquellos con los que no compartimos las mismas sensibilidades religiosas y en un clima de cordial amistad y caridad fraterna", ha expresado.