Podem lanza una batería de iniciativas para paralizar la ampliación de la V-21

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos en la Comunitat Valenciana ha presentado de manera simultánea en el Congreso de los Diputados, las Corts y el Ayuntamiento de València una batería de iniciativas para paralizar el proyecto de ampliación de la V-21 y destinar la inversión prevista "de 30 millones de euros del presupuesto del Estado" para otras actuaciones "más sostenibles" y "a consensuar con el Ministerio de Fomento".

La formación morada busca así sumarse a la "oposición vecinal" contra la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21, mediante la presentación de varias proposiciones no de ley (PNL) en la cámara baja y en el parlamento valenciano, que serán debatidas durante las próximas semanas. También ha llevado una iniciativa al respecto al Ayuntamiento, donde espera contar con el apoyo de los socios de gobierno de València en Comú --Compromís y PSOE--.

En un comunicado, Podem ha señalado que "el eventual pronunciamiento a favor de la paralización del proyecto por parte del pleno del Ayuntamiento vendría a sumarse al rechazo acordado por unanimidad por el Gobierno local de Alboraia (Valencia) el pasado 12 de septiembre".

Desde la formación recuerdan que el proyecto de ampliación a tres carriles del este tramo de la V-21 se remonta al año 2009, aunque "el contrato de obras no había salido a licitación hasta agosto de este año".

Según Podem, "la justificación de la actuación es aumentar la capacidad de la V-21 en su tramo final de entrada a València", un punto que "soporta más de 70.000 vehículos de media al día y concluye en un complejo sistema de semáforos que regula el acceso y la distribución del caudal de vehículos hacía distintas vías de la ciudad".

Los colectivos vecinales que encabezan la oposición al proyecto y varios expertos alegan que la ampliación proyectada de un tercer carril "no resolverá el cuello de botella que se produce en la entrada a València". Por contra, "generará una expectativa que inducirá una mayor presión de tráfico inasumible por la ciudad", advierten desde la formación morada.

DESAPARICIÓN DE 80.000 M2 DE HUERTA

Critican también que la alternativa elegida tendrá "un enorme impacto sobre una huerta periurbana en vías de protección a través de la Llei de l'Horta, ya en trámite parlamentario y el Pla de Acción Territorial de Protecció de l'Horta, que acaba de concluir el periodo de información pública".

En cualquier caso, señalan que "lo cierto es que el proyecto de Fomento supone la desaparición de 80.000 metros cuadrados de huerta en producción en una zona de alta fertilidad, además de la destrucción o desvió de acequias que forman parte de la estructura tradicional bajo la jurisdicción del Tribunal de las Aguas".

En línea con los argumentos de los colectivos vecinales y expertos, la diputada de Podemos en el Congreso Rosana Pastor ha cuestionado la "necesidad real" de la ampliación, dada la "tendencia en toda Europa a incorporar la lógica de la sostenibilidad a la planificación en materia de transporte y no a seguir apostando por inversiones que estimulen el tráfico privado y el colapso de las ciudades, que deben abandonar la cultura del coche para ser espacios más habitables".

"ESTAMOS A TIEMPO"

En esa dirección va la moción que la concejala de València en Comú María Oliver negocia con el resto de grupos del Ayuntamiento. "Estamos a tiempo de hacer que el Gobierno no comprometa 30 millones en una actuación rechazable desde el punto de vista técnico y social", ha reivindicado, así como de "llevar a cabo una reflexión sobre las alternativas que favorezcan la movilidad colectiva y sostenible pensando en el futuro de la ciudad y el área metropolitana".

A nivel autonómico, el diputado en las Corts Antonio Montiel ha recordado que a mediados de septiembre la cámara aprobó por unanimidad y a iniciativa de Podem que las inversiones del Estado "deben ser respetuosas con la planificación territorial y urbanística de la Generalitat y los ayuntamientos afectados".

Para ello, ha señalado la necesidad de la creación de una comisión de coordinación que "examine con antelación suficiente las necesidades reales de la Comunitat y sus municipios bajo principios de prioridad social, sostenibilidad y eficiencia".

"El tiempo de recibir pasivamente aquellas inversiones que el Estado central decide, casi sin consultar a la ciudadanía ni a sus representantes, pasó", ha manifestado, porque Montiel considera que "debemos exigir coherencia territorial, ambiental y social en todas las inversiones si queremos hacer de ellas una herramienta de desarrollo equilibrado y sostenible".