El PPCV ve "numerosos daños irreparables" en el "decreto de chantaje lingüístico" y pide mantener la suspensión

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo 'popular' en las Corts, Beatriz Gascó, ha afirmado este jueves que el Decreto de Plurilingüismo --que califican como "decreto de chantaje lingüístico"-- del Consell "contiene numerosos daños irreparables" y ha pedido que se mantenga la suspensión --haste el momento cautelar-- del mismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En un comunicado, Gascó ha indicado que "ante la situación que ha generado el conseller de Educación, Vicent Marzà, instando a colectivos afines a que vayan de peregrinación al juzgado a defender lo indefendible, alguien deberá recordarle a todos aquellos que intentan imponer un modelo de enseñanza único y quieren avanzar hacia la inmersión lingüística, que el decreto del chantaje lingüístico es discriminatorio e ilegal y que por tanto suspender las medidas cautelares supondría un daño irreparable a derechos fundamentales de los estudiantes y a sus familias pero también un ataque directo al Estado de Derecho".

La diputada 'popular' ha señalado que "las entidades afines a Compromís justifican que no es necesaria la suspensión del decreto por el tiempo que falta para que se proceda a otorgar las acreditaciones lingüísticas, pero este aspecto es solo uno de los muchos agravios que supondría la implantación del propio decreto".

"Si se aplica, muchos niños no podrán estudiar en infantil en su lengua materna y eso supone un daño irreparable, los centros con niveles más avanzados de valenciano tendrán más recursos para sus profesores y eso es también un daño irreparable, los niveles avanzados impartirán más horas de inglés y eso es un daño irreparable, entre otras muchas más discriminaciones, los alumnos de infantil que opten por asignaturas en castellano serán básicos mientras que los que opten por más asignaturas en valenciano serán más avanzados y esas etiquetas supondrán un daño irreparable", ha denunciado la portavoz de Educación.

Gascó ha afirmado que "las entidades amigas de Marzà hablan de que la paralización del decreto de chantaje supondría graves disfunciones para el sistema educativo valenciano, cuando estamos hablando de una norma que aún no se ha aplicado y por tanto la verdadera disfunción radica en su propia aplicación".

"El conseller Marzà tiene que asumir que con este decreto ha abierto la puerta al odio y al enfrentamiento lingüístico", ha manifestado la diputada. "En los 20 años del Gobierno del PPCV ambas lenguas, y el inglés que se introdujo en 2012, coexistieron de manera pacífica sin soliviantar ni agraviar ni chantajear a nadie", ha afirmado.

"NO EXISTE RESPALDO DEL MINISTERIO"

La diputada 'popular' ha señalado que "ya está bien de amparar la legalidad del decreto en el supuesto respaldo del Ministerio, porque ese respaldo no existe". "Las únicas declaraciones del Ministro respecto a este tema se produjeron en una sesión de control en la que aseguró que el decreto era discriminatorio y no iba a tolerar a Marzà que se saliera de la legalidad. Si este es uno de sus principales argumentos de defensa es que el conseller es consciente de la debilidad de su proyecto", ha agregado.

Gascó ha indicado también que "por todas las razones expuestas el PPCV ve la necesidad de mantener la paralización del decreto y mantener por tanto las medidas cautelares hasta que el juzgado estudie con profundidad todos y cada uno de los agravios, los menosprecios y los chantajes que esta norma ha supuesto para las familias valencianas".