VALÈNCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França ha pedido este miércoles al Ayuntamiento de València y a la Generalitat valenciana, ante el alcalde Joan Ribó y el presidente Ximo Puig, "voluntad política" y "soluciones ya" para hacer frente a los "problemas sociales y de convivencia" existentes en este barrio de la ciudad.
Esta reclamación se ha planteado al concluir la visita que el primer edil y el jefe del Consell han hecho esta jornada a las obras de renovación de las infraestructuras del Cabanyal junto a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
El portavoz de la plataforma, Faustino Villora, ha trasladado a Puig, Salvador y Ribó "el estado generalizado de malestar en el Cabanyal-Canyamelar" por lo que respecta a "la cohesión social", al tiempo que ha advertido de que esa situación "está generando problemas de xenofobia". "Si esta situación se prolonga y va a más los responsables son ustedes, porque son el ejecutivo y tienen que poner orden donde no hay", ha expuesto.
Villora ha resaltado entre los "problemas" que afectan a la convivencia de los vecinos de esta zona de la capital la actividad que llevan a cabo "las chatarrerías" ilegales y ha recordado la petición hecha por las entidades vecinales para que esta actividad se regularice y se traslade para "centralizarla" a un polígono industrial. Ha agregado que esos negocios están también "provocando problemas medioambientales" por residuos y ruidos.
"Nos comentaron que el problema es que se tendría que legalizar. No se puede hacer por la legalización y están manteniendo la ilegalización de las chatarrerías", ha manifestado. Tras ello, ha dicho a Joan Ribó que los problemas de convivencia no se limitan a esto y a las okupaciones de viviendas. "El tiempo que estamos viviendo no lo marcan la acción judicial. La okupación es de casas y de la calle, donde no se puede vivir", ha dicho.
"DERECHOS FUNDAMENTALES"
A su vez, Faustino Villora ha subrayado que "no hay derecho" a que "gente que ha resistido 18 años a Rita Barberá --en su lucha contra el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del barrio con la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar aprobada por el PP-- y que puso muchas esperanzas en el cambio --del gobierno-- se plantee dejar su casa porque no pueden vivir" dado que "no se respetan los derechos fundamentales".
"No se puede confiar la regeneración social del barrio a la urbanística", ha aseverado el portavoz, a lo que Ribó ha respondido que según los urbanistas "el urbanismo condiciona los comportamientos" de la gente "de manera bastante determinada". Villora ha resaltado que las personas "viven día a día en su casa" y ha rechazado que las actuaciones se programen a largo plazo en determinados puntos.
Al inicio de la visita Villora ha repartido entre los asistentes un escrito en el que Salvem El Cabanyal expone sus quejas y reclama medidas que "mejoren la convivencia" en el barrio. El portavoz ha hecho llegar también este papel al primer edil y a los responsables autonómicos. "No están cumpliendo con una de las principales funciones que tienen encargadas: garantizar el cumplimiento de las leyes y de las ordenanzas municipales", indica el escrito.
Los miembros de la plataforma han reclamado "acción" y "voluntad política" al equipo de gobierno local y autonómico, "soluciones ya" y presencia policial continua y les han acusado de "no tomar decisiones" para alcanzar los "objetivos de mejora" previstos. "No se necesita presupuesto, no se necesitan grandes proyectos de tramitación como los urbanísticos, se necesitan decisiones políticas. La gente no puede más", ha agregado el portavoz de Salvem el Cabanyal.
El alcalde de València, por su parte, ha indicado a los medios de comunicación, preguntado por estas peticiones vecinales y por las quejas por los problemas sociales, que hay "temas de ilegalidad" que "no corresponden al Ayuntamiento" sino "al Gobierno estatal". No obstante, ha afirmado que el consistorio trabaja también en el Cabanyal en el tema social pero ha apuntado que "el mal trabajo o ir en una dirección durante muchos años no se puede corregir, sobre todo a nivel de comportamiento social, en dos días".
"TRABAJANDO EN ESA DIRECCIÓN"
"Estamos trabajando en esa dirección, estamos avanzando ahí", ha declarado. Asimismo, ha afirmado que las okupaciones de inmuebles que hay en el barrio se resolverán "por el camino que toca, el judicial y policial". "La gente tiene que entender que estamos hablando de personas que también tienen sus derechos y estamos obligados a respetarlos", ha añadido Ribó.
Por su lado, Ximo Puig ha dicho, preguntado por si desde la Generalitat se cree necesaria la implicación de la administración central en actuaciones como las que hay que acometer en el Cabanyal, ha expuesto que "el Gobierno de España tiene una responsabilidad grande en cuanto a todo lo que signifiquen planteamientos de convivencia". "Nosotros estamos dispuestos, como siempre, a ayudar, a coordinarnos y a participar pero cada uno tiene su responsabilidad".
REUNIÓN DE RIBÓ CON EDILES
Tras la visita al Cabanyal y "al hilo de las preocupaciones por el barrio", Joan Ribó, ha presidido en el Ayuntamiento una reunión, "ya prevista", con todas las concejalías que participan "en la tarea transversal que implica la rehabilitación" de esta zona de la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado. Asimismo, ha señalado que en el encuentro se ha resaltado "la problemática social y las demandas vecinales".
El alcalde ha avanzado que se presentarán "denuncias contra todas las okupaciones en el barrio, siempre garantizando a todas las familias sin recursos una alternativa de vivienda", así como contra "las chatarrerías" ilegales para "acabar con una actividad que causa muchas molestias a los vecinos". Igualmente, ha apuntado que para mejorar la convivencia se cruzarán "datos para intentar hacer un trabajo conjunto entre policía y servicios sociales".
En el encuentro con Ribó han participado las concejalas de Bienestar Social, Consol Castillo; Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano; Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, y Patrimonio, María Oliver.