Sanidad denunciará la compraventa de la concesionaria de Dénia por no haber solicitado la preceptiva autorización previa

Abogacía de la Generalitat sostiene que el traspaso accionarial requería necesariamente del permiso previo de Sanidad

ALICANTE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado este lunes que la Generalitat emprenderá las "acciones legales oportunas" ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia (Alicante), ya que se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa al departamento que dirige la consellera Ana Barceló.

Barceló ha realizado este anuncio tras mantener este mismo lunes una reunión con el comité de empresa y la junta de personal del departamento de Dénia, en la que ha traslado a los representantes de los trabajadores que se están estudiando las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat.

"También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública", ha añadido la consellera de Sanidad, que ha enviado a los representantes de los trabajadores un "mensaje de tranquilidad" al comunicarles que las medidas que adopte la Generalitat "no tendrán efecto en el ámbito laboral". Además, ha añadido que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.

Junto a ello, Ana Barceló ha destacado que la Conselleria de Sanidad "seguirá vigilando de forma estrecha a la concesión para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Dénia, tal y como establece el contrato de concesión".

INFORME DE LA ABOGACÍA

Ana Barceló ha indicado que la decisión de acudir a los tribunales se apoya en la resolución emitida por la Abogacía de la Generalitat sobre la operación de compraventa en Marina Salud. En su informe, según ha informado en un comunicado, la Abogacía de la Generalitat es "clara y concluyente" en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa "previa" a la compraventa de las acciones.

"El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión [accionarial]", detalla el informe. Según la Abogacía, en el caso de una transmisión de acciones, la administración sanitaria "debe tener conocimiento previo", porque esta circunstancia "puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios".

Por ello, estima que la administración "no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria".

Además, el informe de la Abogacía también incorpora la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la Conselleria de Sanidad, en la que el organismo regulador estatal, "de forma explícita, señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación".

RIBERA Y DKV

El pasado 24 de agosto se hizo público que el grupo Ribera había cerrado un acuerdo con la aseguradora DKV para adquirir su acciones de Marina Salud y pasar a controlar así la totalidad de la gestión del hospital y el departamento de salud de Dénia.

El grupo, que en ese momento controlaba el 35% del accionariado de Marina Salud, pactó con la aseguradora hacerse con su 65%. El acuerdo estaba pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El pasado 8 de septiembre ambas compañías informaron del visto bueno del organismo a la compraventa y explicaban que, según la CNMC, la ley de salud valenciana no resultaba de aplicación en este caso porque es "muy posterior al inicio de la concesión" sanitaria.

Sin embargo, ya desde ese momento Sanidad anunció que estaba a la espera de los informes jurídicos correspondientes para tomar decisiones sobre un caso en el que la resolución de la CNMC "se centra en su ámbito competencial y no entra a valorar los efectos de la ley valenciana de salud", explicaban desde el departamento de Barceló.