VALNCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de siete mujeres y dos hombres juzgan desde este lunes en la Audiencia de Valencia a Jorge Ignacio P.J., acusado de la muerte de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció la última de las víctimas y cuyo cadáver no ha sido aún localizado. El acusado presuntamente introducía a sus víctimas cocaína de alta pureza vía genital.
La vista ha arrancado este lunes con la selección del jurado, que se ha prolongado durante algo más de dos horas. Finalmente se ha elegido a siete mujeres y a dos hombres, quedando otras dos mujeres como suplentes. El acusado ha comenzado la vista sentado junto a su letrada, con semblante serio y tranquilo.
Cerca de las 13 horas se han empezado a leer públicamente los escritos de calificación de las partes y el abogado de ocho de las víctimas, el penalista Juan Carlos Navarro, ha solicitado que se omitiera el nombre y los apellidos de las víctimas no mortales, a lo que se ha opuesto la defensa del acusado.
La presidenta del tribunal ha optado por una solución intermedia y ha acordado dejar el nombre de las víctimas junto a sus iniciales. Ha tomado esta medida tras recordar que las víctimas, a las que ha definido como "valientes", nunca han solicitado ser testigos protegidos.
Tras ello, se ha continuado con la lectura de los escritos en un juicio que concluirá el próximo 15 de julio, según el calendario inicial. El acusado se enfrenta a una pena, tal y como reclama Fiscalía, de 130 años de prisión por 11 delitos de abuso sexual --tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones--; y un delito contra la salud pública.
Además, la Fiscalía considera que concurre en el acusado la circunstancia agravante de género para los delitos de abuso sexual y los tres homicidios. Junto a la pena de prisión, reclama cuantiosas indemnizaciones para las víctimas o familiares.
Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena.
Marta Calvo desapareció hace más de dos años en Manuel tras mantener relaciones sexuales con el acusado, quien reconoció que la descuartizó tras una muerte fortuita.
Informes forenses han descartado en un escrito que Jorge Ignacio padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial.