Síndic de Comptes detecta "debilidades" en el control del gasto de los hospitales provinciales de Valencia y Castellón

Las cuentas de 2015 de los dos consorcios reflejan "desequilibrio" por falta de financiación de la Generalitat y las Diputaciones

VALENCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha detectado "debilidades significativas" en los procedimientos de gestión y control del gasto de los consorcios Hospital General Universitario de Valencia y en el Provincial de Castellón, que consisten fundamentalmente en "la inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las decisiones de gasto".

Así consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2015, --la mitad del cual estuvo gobernando el PP y la otra mitad el Consell actual del PSPV y Compromís--, que el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregado este miércoles al presidente de las Corts, Enric Morera, y, posteriormente, al jefe de la Generalitat, Ximo Puig.

Este informe señala que estos dos consorcios ha contraído obligaciones por importes "significativos" sin cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del preceptivo expediente de contratación. Por tanto, "no se garantiza la razonabilidad de los precios acordados ni la selección de la oferta más ventajosa para el Consorcio", indica.

En el caso del de Valencia, se refiere especialmente a los productos farmacéuticos y servicios hospitalarios concertados y no concertados, endoprótesis y hemodiálisis, mientras que en el caso del de Castellón, fundamentalmente a los productos farmacéuticos y servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina.

Según la Sindicatura de Comptes, estos dos consorcios "no han cumplido de forma razonable con los principios y reglas generales establecidos en la normativa de contratación pública".

Respecto al Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, se han observado "incumplimientos muy significativos" en relación con el expediente para la realización de obras de pintura de paramentos, suscrito el 1 de junio de 2015 o el convenio suscrito con la Fundación Hospital General Universitario para la construcción de un nuevo edificio docente para la Universitat de València.

También respecto a la modificación del contrato para la gestión integral de la logística en el Consorcio, suscrito el 6 de junio de 2009, o el acuerdo de 29 de abril de 2009 por el que se modifican las condiciones de los contratos suscritos anteriormente por la Diputación de Valencia para la prestación de servicios de exploraciones radiológicas.

En el caso del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, el Síndic hace referencia, entre otros, a "incumplimientos" en el contrato para la construcción y gestión mediante concesión de un aparcamiento y la construcción de un salón de actos; o al contrato de arrendamiento con opción a compra de dos terrenos situados en la Vall d'Uixó, de 1 de junio de 2011, suscrito por el vicepresidente del Consorcio.

En algunos casos se han detectado "indicios de posible responsabilidad contable", por lo que la Sindicatura de Comptes los remite con esta consideración al Tribunal de Cuentas.

También se han detectado "indicios de responsabilidad contable" en determinados pagos efectuados en 2015 sin contrato por la prestación de servicios de limpieza y por la prestación de servicios de naturaleza laboral.

En la fiscalización del área de personal, el órgano fiscalizador ha revisado la contratación de dos programas informáticos relacionados con la gestión de la nómina. Uno de los contratos se tramitó y adjudicó "con numerosos y graves incumplimientos de los principios y normativa de contratación, lo que impidió garantizar la adjudicación del contrato a la oferta económicamente más beneficiosa para el Consorcio".

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Por otro lado, las cuentas anuales de 2015 de los dos consorcios reflejan "un desequilibrio económico-financiero", producido como consecuencia de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, motivadas, fundamentalmente, por la falta de financiación por parte de la Generalitat y las Diputaciones de Valencia y Castellón, en cada caso.