El Síndic reclama más medios y coordinación para atender a las víctimas de violencia de género

Constata que la mayoría de las mujeres no denuncian y que existe "un abandono prematuro" de los recursos que interponen

   VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

   La Sindicatura de Greuges ha asegurado este martes que los principales problemas a los que se enfrenta el sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia de género son la falta de medios y de recursos humanos y, especialmente, la falta de coordinación de los protocolos de actuación de todos los aparatos de las administraciones. Por ello, ha urgido a construir "un auténtico sistema integral de prevención, atención y seguimiento de las víctimas y de sus hijos".

   Así consta en el informe que la institución ha presentado este martes en las Corts Valencianes, y que, posteriormente, ha sido presentado en rueda de prensa por el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, acompañado por el adjunto Ángel Luna y los técnicos David Calatayud y Consuelo Catalá. El documento analiza en profundidad la eficacia de los recursos desarrollados por la Administración en relación a la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

   Concretamente, el estudio unifica toda la información sobre medios humanos y materiales, así como los dispositivos con los que cuenta la Comunitat Valenciana en la actualidad con la finalidad de ayudar a mejorar las acciones de la Administración en cuanto a la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos.

   Según ha explicado Luna, una de las primeras conclusiones a las que llega el Síndic en su informe es que la mayoría de las víctimas de violencia de género sigue sin denunciar su situación y abandonan prematuramente los recursos que han podido interponer sin que "haya un seguimiento de su evolución posterior". Además, ha indicado que gran parte de las mujeres que acuden a los centros de atención a las víctimas están en proceso de exclusión social y son extranjeras.

   Por esta razón, considera que la denuncia no debe ser la única puerta de entrada para recibir protección y ayuda, sino que la Administración "debe desarrollar protocolos para que las mujeres que por diversas razones no quieren o no se atreven a interponer una denuncia puedan acceder a determinados recursos, ya sean económicos o de índole psicológico-emocional".

   Así, ha urgido a poner en marcha mecanismos que permitan "una activación automática de todas las prestaciones y servicios sin necesidad de denuncia" y a realizar "un abordaje completo y un seguimiento de las situaciones que viven cada una de las mujeres".

   Para ello, Luna ha abogado por "construir un sistema de atención integral de prevención, atención y seguimiento de las víctimas" e iniciar "una coordinación profunda de los protocolos de actuación de todos los aparatos de las administraciones para construir un itinerario que contemple un plan individualizado para cada mujer y sus hijos".

RECOMENDACIONES A LA GENERALITAT

   Para ello, el documento plantea un total de 94 recomendaciones para los distintos departamentos de la Generalitat. Así, pide a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que implante online el Informe Médico Presunta Violencia de Género para que, de esta forma, en tiempo casi real, el juzgado active el protocolo correspondiente si fuera necesario.

   A la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el departamento con un mayor número de recomendaciones, el defensor insta a crear dos nuevos Centros de Emergencia específicos e independientes, uno en Valencia y otro en Castellón, ya que en la actualidad solo existe un dispositivo de estas características en Alicante con doce plazas para mujeres y sus hijos.

   También, recomienda a este departamento a desarrollar una red de viviendas tuteladas que preste asistencia y atención a las víctimas de violencia de género y le invita a que considere la "figura de acompañamiento" en dispositivos residenciales para amparar a la mujer en los distintos trámites y gestiones que hacer durante las primeras semanas en los dispositivos. De igual modo, le propone que se revisen los reglamentos de régimen interno de los centros en lo concerniente a los incumplimientos por parte de las mujeres usuarias y que implemente mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de las mismas.

   En el marco de la asistencia jurídica gratuita, el Síndic pide a la Conselleria de Justicia que implante, de manera expresa, las guardias correspondientes al turno especializado de violencia de género y que los Colegios de Abogados establezcan que este turno de violencia se destine únicamente a la atención de mujeres y menores víctimas de malos tratos y recomienda, también, la creación de la Unidad Integral de Valoración Forense en Castellón con dotación personal y de recursos materiales.

   Asimismo, pide a Vivienda que, además de facilitar el acceso a las mujeres víctimas de violencia de género, se asegure que los inmuebles que facilita están en entornos que garanticen su integridad y seguridad. Por su parte, al departamento que dirige Rafa Climent le insta a que los planes del Servef prioricen a este colectivos en cuestiones de empleabilidad.

SUGERENCIAS A LA DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO

   Por otro lado, el Síndic realiza una serie de sugerencias a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia contra la Mujer y trasladará el Informe a la oficina del Defensor del Pueblo para que, si lo considera oportuno, transmita estas sugerencias al Gobierno de España.

   En este sentido, sugiere que la Orden de Protección para la mujer víctima de violencia de género se extienda a los hijos menores a su cargo y cuando se dicte Orden de Protección a los menores se "suspenda automáticamente la patria potestad" para evitar que cuando haya, por ejemplo, que cambiar a un niño de colegio "se tenga que pedir la autorización del padre maltratador".

   Igualmente, pide que se publiquen en el Portal Estadístico del Observatorio de Género las sentencias firmes por maltrato y que se establezcan derechos económicos de orfandad para los menores que quedan huérfanos tras el homicidio de su madre cuando ésta no fuera titular o beneficiaria de la Seguridad Social.