El Síndic recuerda al Ayuntamiento de València su obligación de ayudar a personas sin hogar "sea cual sea su situación"

   VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   El Síndic de Greuges ha recordado al Ayuntamiento de València su obligación legal de ofrecer los servicios y las prestaciones sociales básicas a las personas en situación de sin hogar y/o inmigrantes, "sea cual sea su situación administrativa", así como de proporcionar asistencia y alojamiento en casos de emergencia.

   Así consta en una resolución emitida a principios de mayo a raíz de una queja del grupo municipal de Compromís sobre la "vulneración de derechos" de personas en situación extrema de vulnerabilidad con medidas anunciadas por el equipo de gobierno que comparten PP y Vox, como instalar iluminación sobre los puentes del antiguo cauce del Turia o construir estanques bajo sus puentes.

   Tras analizar la queja, presentada el pasado febrero, el defensor del pueblo valenciano manifestó compartir la "preocupación", al considerar que "la actuación del Ayuntamiento podría afectar el derecho de las personas en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de exclusión social", por lo que admitió a trámite la queja y pidió un informe sobre las medidas adoptadas.

    El consistorio respondió que el departamento de Servicios Sociales mantuvo desde el pasado verano reuniones con las entidades que realizan reparto de alimentos, "con el fin de orientar y ordenar la actividad" y de "una atención digna en espacios condicionados", algo que "fue acogido de manera muy favorable" por parte de estas asociaciones. Además, destacó que la 'Estrategia de intervención con personas sin hogar 2022-2027' contempla "todo tipo de acciones" en coordinación con las entidades.

   Seguidamente, Compromís presentó alegaciones exigiendo más información sobre las medidas adoptadas, que a su juicio esconden "una estrategia para expulsar de la ciudad una realidad a la que no quieren hacer frente, una realidad que les molesta y que rompe la falsa imagen de una ciudad sin indigentes que quieren vender en su estrategia política".

   En su argumentación, el Síndic reconoce la necesidad de conjugar la seguridad de la ciudad con la protección de personas en situación de sin hogar, aunque subraya que "cualquier intervención municipal destinada a reforzar las condiciones de seguridad que repercuta en colectivos en extrema vulnerabilidad ha de ir acompañada de las medidas necesarias para garantizar el alojamiento básico y la alimentación". También señala que la ley estatal del 2000 sobre los derechos de los extranjeros en España "no deja lugar a dudas", al igual que la normativa autonómica de 2008.

   Sin embargo, concluye que del informe emitido por el Ayuntamiento "no se desprende que se hayan adoptado medidas directas para el alojamiento o el reparto de alimentos a las personas en situación de extrema vulnerabilidad en el antiguo cauce del río, ni una atención que aporte asesoramiento y ayuda ante sus necesidades, ni orientación sobre las medidas más adecuadas para hacerlas frente".

   Por todo ello, el defensor recuerda al Ayuntamiento su obligación legal de reconocer a las personas en situación de sin hogar y/o inmigrantes los derechos de los usuarios de los servicios sociales y "actuar conforme a ellos", además de instarle a remitir un informe en el plazo de un mes sobre estas consideraciones.

"LLAMADA DE ATENCIÓN"

   Para Compromís, la resolución del Síndic supone una "llamada de atención" al gobierno encabezado por Mª José Catalá "por el trato que está dando a las personas sin techo y a los colectivos en situación de riesgo o de especial vulnerabilidad derivada de una situación de pobreza".

   En un comunicado, la concejala Lucía Beamud denuncia que "Catalá recorta los recursos a la atención de las personas sin techo; personas que han aumentado desde que está Catalá en el gobierno, tal y como demuestra el último recuento". También critica "el cierre del albergue Casal d'Esplai, que daba alojamiento a 47 familias".

   Esta edil asegura que ha vuelto a desplazarse hasta el jardín del río y ha comprobado que "las políticas de asedio" a las personas sin hogar del gobierno de Catalá siguen produciéndose", mientras "el proceso administrativo para la construcción de los estanques anti-indigentes continúa adelante".