El TS rechaza el recurso del Ayuntamiento contra la anulación de limitaciones a las VTC

Caballero (PP) lamenta que la regulación del gobierno anterior fue "una chapuza" y dice que ahora estudian "una salida"

El Alto Tribunal debe pronunciarse aún sobre un recurso de la Confederación del Taxi que sí admitió 

   VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

   El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de València contra una sentencia previa --de abril de 2023-- del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula limitaciones a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) incluidas en la modificación de la ordenanza de movilidad de la ciudad de València.

   En concreto, el fallo del TSJ declaraba contrarios a derecho los párrafos 2a y 2d del artículo 53 bis de la ordenanza aprobada definitivamente por el anterior ejecutivo local, el conocido como Govern del Rialto y formado por Compromís y PSPV, en diciembre de 2021.

   Entre esas restricciones se contempla la obligatoriedad de contratar los servicios de esos vehículos con al menos una hora de antelación y la prohibición de aparcarlos a una distancia inferior a 300 metros desde los lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de personas viajeras como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, y centros comerciales y de ocio, equipamientos deportivo recreativos y sanitarios asistenciales público o privados de la red primaria.

   En una providencia de 20 de septiembre, el Alto Tribunal inadmite las alegaciones del Ayuntamiento esgrimiendo, entre otros motivos, "falta de fundamentación suficiente y singularizada del supuesto interés casacional".

   "La parte recurrente --explica el documento consultado por Europa Press-- no ha fundamentado, con especial referencia al caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un pronunciamiento al Supremo, alegando lacónicamente que en el proceso se ha declarado la nulidad de un precepto de una disposición general pero sin explicar sobre su trascendencia suficiente ni sobre la relevancia social y jurídica de los aspectos de dicha disposición que se han declarado nulos" y "que afectan a solo a una parte muy concreta de la disposición de carácter general objeto de litigio".

   De esa providencia se dará cuenta en la Comisión de Hacienda que el Ayuntamiento celebrará el próximo miércoles, 24 de enero. En uno de los puntos del orden del día de esa comisión figura que la corporación municipal, en la actualidad dirigida por el ejecutivo que forman PP y Vox, quede enterada de la sentencia del TSJ estimatoria del recurso P.O. 4/77/2022, interpuesto contra la modificación de la Ordenanza de Movilidad y habida cuenta que por Providencia del Tribunal Supremo se ha inadmitido el recurso de casación, con imposición de costas al Ayuntamiento en ambas instancias.

   Sin embargo, el Supremo sí admitió un recurso de casación de la Federación del Taxi de Valencia, junto a la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana y la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), a una sentencia de marzo sobre la misma cuestión.

   En el escrito de admisión a trámite, facilitado por la Confederación, se precisa que la cuestión tiene interés para la formación de jurisprudencia a la hora de determinar si los preceptos de la ordenanza de movilidad se adecúan o no "a los principios de necesidad y proporcionalidad y de libertad de establecimiento".

   En este sentido, el presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha detallado a Europa Press que esta admisión les fue notificada en octubre y que están pendientes del pronunciamiento del Alto Tribunal.

   Por ello, solicitan al equipo de gobierno municipal que no realice ninguna modificación sobre las restricciones a las VTC --"que siguen en vigor" aunque se incumplen en numerosas ocasiones, ha lamentado Del Molino-- hasta que el TS no decida. Asimismo, ha recalcado que lo que está en juego es únicamente la ordenanza de València, que aumenta y endurece las limitaciones fijadas en la normativa autonómica.

"UNA CHAPUZA"

   Desde el ejecutivo actual, el portavoz del PP y también del ejecutivo, Juan Carlos Caballero, ha señalado que "los tribunales siguen fallando en contra de la regulación de las VTC que hizo el gobierno" anterior. "El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y contra él no cabe recurso", ha destacado, a la vez que ha considerado que "la regulación del gobierno anterior fue una chapuza". "Ahora estamos estudiando buscar una salida".

   Además, Caballero ha pedido al PSPV que deje "de mentir", ya que el consistorio no puede seguir con la vía judicial en este caso, puesto que el Supremo ya se ha pronunciado. De hecho, la resolución del Alto Tribunal se ha conocido este viernes después de que el grupo socialista, actualmente en la oposición, haya difundido una de las resoluciones previas que el TSJCV dictó en abril del año pasado sobre este tema.

   El edil 'popular' ha señalado que "habrá que estudiar con los servicios jurídicos las consecuencias de esta inadmisión, otra herencia recibida del gobierno" anterior y con la que "se ha impuesto el pago de las costas al consistorio".

   "La izquierda valenciana debería admitir de una vez la mala legislación que realizó y que toca ahora arreglar al PP porque los tribunales están dado la razón a quien denunció la legislación del Rialto". Ha instado a la oposición a pedir "perdón a los valencianos" en la Comisión de Hacienda y a reconocer "que es necesaria una nueva legislación".

   Desde el PSPV, María Pérez ha instado a la alcaldesa, María José Catalá (PP) a aclarar, "ya que no cabe recurso, si su modelo es el de barra libre como en Madrid o un modelo de convivencia en el que se respete la leal competencia entre el taxi y VTC". "Tendrá que decidir cuál es su modelo de ciudad, cuál es la relación a establecer entre el sector del taxi y las VTC, y cuál va a ser la regulación que va a imponer a las VTC", ha dicho Pérez, que ha lamentado que el PP hable de "chapuza".

   Por parte de Compromís, el edil Giuseppe Grezzi, exconcejal de Movilidad, ha pedido a Catalá que "defienda en los tribunales, recurriendo tantas veces como sea necesario y en todas las instancias que corresponda, la Ordenanza de Regulación de las VTC que se aprobó en la legislatura pasada para garantizar que el taxi pueda seguir proporcionando un servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal".

   En su opinión, la regulación de los VTC impulsada por el anterior gobierno "redunda en un sistema de movilidad mejor y con más garantías legales". "El sector del taxi, perfectamente regulado, ve así garantizadas las prestaciones del servicio público que ofrece", ha remarcado, además de rechazar que PP y Vox usen la sentencia "para favorecer la entrada masiva e intrusiva de VTC".