El Tribunal de Cuentas declara a Zafra responsable directa del fraude de la EMT y la condena a devolver los 4 millones

   VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento 3º del Tribunal de Cuentas ha declarado responsable contable directa a la exempleada de EMT València, Celia Zafra, y la condena, en la misma sentencia emitida este 2 de junio, a reintegrar los más de 4 millones de euros defraudados a la empresa pública, además de los intereses de demora.

Así se desprende de la resolución del órgano fiscalizador, que considera que la empleada incurrió en responsabilidad contable cuando, a lo largo del mes de septiembre de 2019, facilitó

que se produjeran ocho transferencias bancarias a cuentas en un banco de Hong Kong, de la supuesta titularidad de dos empresas extranjeras sin relación comercial alguna con la sociedad municipal.

Según relata el Tribunal de Cuentas, Zafra facilitó información sobre los cargos competentes de la EMT para autorizar y ordenar pagos a cargo de la sociedad, con sus DNI escaneados y documentos en los que aparecían sus firmas, pero para ello no informó a sus superiores ni consultó a sus compañeros dicha operación, el procedimiento o el destino de los fondos.

Con estos documentos sin autorización, se elaboraron órdenes de pago fraudulentas, que la propia empleada remitió a la entidad bancaria para que hiciera las transferencias, sin la autorización de sus superiores y sin seguir el sistema de pagos establecido.

Por todo ello, la sentencia declara que la conducta de la empleada, demandada ante la jurisdicción contable por la propia sociedad municipal y por el Ministerio Fiscal, reúne todos los requisitos de la responsabilidad contable.

Por dichos hechos, el Tribunal de Cuentas condena a la antigua empleada de la EMT al reintegro a dicha sociedad de la cantidad total defraudada, cifrada en 4.054.971,98 €, además de intereses legales y costas procesales.

"GRAVEMENTE NEGLIGENTE"

En particular, la sentencia califica el proceder de Celia Zafra como "gravemente negligente", debido a que esta "no guardó las mínimas cautelas que corresponderían al canon de diligencia cualificado por el carácter público de los fondos gestionados" y

tampoco, según continua el dictado, las de "un buen padre de familia", en los términos del artículo 1.104 del Código.

Así pues, el órgano fiscalizador apunta que una actuación conforme a un criterio de diligencia normal hubiera pasado por consultar, formal o informalmente, a compañeros o superiores sobre el procedimiento, la regulación o el modo de afrontar la cuestión. Y, en caso de duda, --continúa el fallo-- someter dicha actuación a la consideración de sus superiores o pedido las instrucciones formales de éstos.

Finalmente, el fallo recoge que la ahora condenada "asumió y ejerció, con plena conciencia, funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad, sin tener atribuidas las competencias correspondientes" y que su actuación "no se limitó a la del día 3 de septiembre de 2019, sino que fue recurrente hasta el día 23 de septiembre".

En esta fecha --23 de septiembre--, un aviso de la entidad bancaria sobre la excepcionalidad de las sumas abonadas hasta ese momento sin seguir el procedimiento protocolario llevó al entonces gerente a paralizar la última transferencia ordenada, "sin que para facilitar o provocar esa decisión hubiera mediado aviso o voluntad de la demandada", según recogen desde el consistorio en un comunicado.

Contra esta sentencia, dictada en primera instancia, cabe recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

GREZZI: "EL MÁXIMO OBJETIVO ES RECUPERAR EL DINERO"

Tras conocer la sentencia, el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha mostrado su "satisfacción" por que la decisión "pone negro sobre blanco todo lo que hemos estado diciendo desde el primer momento", al tiempo que ha reafirmado que el "máximo objetivo es recuperar el dinero para defender los intereses de la empresa municipal y del Ayuntamiento".

Sobre los detalles de la sentencia, Grezzi ha subrayado que en dicho fallo se demuestra que la empresa pública contaba con los procedimientos habituales de pago a proveedores mediante firma electrónica mancomunada, y estos no se podían realizar a través de un pdf o un correo electrónico "además falsificado", ha agregado el presidente de la EMT.

Sobre todo esto, Grezzi ha celebrado que "se haga justicia" y ha expresado su solidaridad "a todas las personas que han estado acusadas injustamente". "Estamos cada vez más cerca de recuperar el dinero", ha celebrado.

Para el responsable de Movilidad, este fallo demuestra que las cosas, dentro de la EMT, "se estaban haciendo bien" y ha reiterado que "la gran responsabilidad" que, como Administración Pública, tienen de "perseguir todas las posibles causas de fraude contra un ente público como es la EMT".

RIBÓ: "HABÍA MECANISMOS DE CONTROL Y SE LOS SALTÓ"

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado la "máxima importancia" de esta sentencia que "deja en el aire todos los elementos que apuntaban a que no había control en la EMT". "Había unos mecanismos de control y alguien se los saltó", ha expresado el edil preguntado por los medios de comunicación tras hacerse publico el dictado.

"Se habían dicho muchas cosas que hoy el tribunal ha dicho que no eran verdad", ha reiterado Ribó, que ha remarcado que la empresa pública "tuvo un comportamiento normal en este proceso", ya que contaba con los procedimientos adecuados pero "alguien se los saltó, y hoy el tribunal ha dicho quién se los saltó y quién es el responsable".

Desde el consistorio han recordado que el proceso penal sobre el fraude sufrido por la empresa pública sigue tres vías judiciales. Por el momento, "tanto en el ámbito laboral como en el contable la judicatura ha dado la razón a EMT València, que aparece en todo caso como perjudicada".

La tercera vía, la penal, se encuentra aún en fase de instrucción, y la EMT, según apuntan, ha solicitado que "se impute a CaixaBank por blanqueo de capitales".

Sobre este extremo, la sentencia del tribunal de cuentas señala: "En lo que se refiere a la eventual responsabilidad u omisión de un deber de cuidado debido por la entidad bancaria, que ha puesto de manifiesto la defensa de la demandada, pues aquella realizó los pagos pese a la peculiaridad del procedimiento y a las dudas que hubieran podido suscitar las firmas falsificadas por los defraudadores, no corresponde juzgarla a esta jurisdicción contable".