VALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La exconsellera de Turisme y expresidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, tiene cinco días para pagar una fianza de 15.000 euros y eludir, así, su entrada a prisión hasta que el Supremo se pronuncie sobre su condena a nueve años de cárcel por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a los amaños en contratos de la feria de turismo Fitur.
Milagrosa Martínez ha tenido que acudir este miércoles a una vistilla convocada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para decidir sobre la aplicación de medidas cautelares contra ella tras la condena por Fitur. A Martínez le han seguido su exjefe de gabinete Rafael Betoret; y los técnicos de la conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau.
Este martes ya desfilaron por el TSJCV miembros de la trama Gürtel, y los tres cabecillas, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, condenados a penas de entre 12 y 13 años de prisión, fueron mandados directamente a la cárcel de Picassent.
Hoy le ha tocado el turno a Martínez, identificada por la trama con el apodo de 'La Perla', quien se ha presentado en el tribunal valenciano media hora antes de lo previsto, a las 9 horas, totalmente vestida de negro y escoltada por dos abogados. Ni a la entrada ni a la salida ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta.
Una vez dentro del tribunal, durante la comparecencia, la fiscal Anticorrupción encargada de esta causa, Ana Cuesta, ha solicitado su inmediato ingreso en prisión sin fianza ante la gravedad de la pena impuesta. Frente a ello, su abogado ha propuesto medidas alternativas para que su representada mantenga la condición de libertad provisional hasta que el TS declare firme la sentencia.
Entre ellas, este letrado ha expuesto que su representada no tiene ninguna intención de eludir la acción de la justicia y ha aludido a su arraigo familiar. Así mismo, ha puesto de manifiesto, a través de la entrega de diferentes informes, su delicado estado de salud, y ha subrayado que carece de ingresos para abandonar el país puesto que estaba cobrando la prestación por desempleo y ya se le había acabado.
La Sala, tras estudiar los argumentos de las partes, ha impuesto a Martínez, quien también fue alcaldesa de Novelda (Alicante), prisión eludible con una fianza de 15.000 euros, además de la retirada de su pasaporte y comparecencias dos veces al mes. Así mismo, tiene prohibido la salida del territorio nacional.
Para llegar a esta conclusión, el tribunal señala que, a diferencia de los cabecillas de la trama, la exconsellera no está involucrada en ninguna otra pieza del caso Gürtel o causa; no consta que haya tenido un enriquecimiento personal como consecuencia de esta pieza salvo el reloj Hublot que le regaló la trama por valor de 2.400 euros; también se advierten "especiales medios de fortuna" y se considera que no tiene intereses fuera del territorio nacional.
Pese a esta medida, el TSJCV insiste en su resolución en que Martínez tuvo una participación activa en la "importante defraudación de fondos públicos" objeto de las actuaciones, así como en la completa manipulación del procedimiento de contratación pública.
BETORET Y TÉCNICOS
A Martínez le ha seguido en el turno Rafael Betoret, a quien le constan antecedentes penales por la conocida como 'causa de los trajes'. En ese momento reconoció --al igual que hizo el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos-- que recibió trajes de regalo de la trama Gürtel y fue condenado a pagar una multa de 9.600 euros. Otros dos acusados por estos hechos, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el expresidente del PPCV Ricardo Costa, resultaron absueltos tras ser juzgados ante un jurado popular.
Para Betoret --condenado a seis años-- la fiscal Anticorrupción también ha pedido su inmediato ingreso en prisión, pero el tribunal estima que no existen suficientes motivos que aconsejen esta medida, "ya que es cierto que ha recaído una condena en su contra, pero no se ha llegado a exponer suficiente razón de peso que haga temer por su parte en un intento de evasión, más que el genérico temor a la pena", sostiene.
Por este motivo, la Sala ha acordado su libertad provisional sin fianza, comparecencias mensuales, retirada de su pasaporte y prohibición del salir del territorio nacional. Esta medida es la que el tribunal ha impuesto a los técnicos de la conselleria: Isaac Vidal --se le han impuesto siete años de cárcel--; Jorge Guarro --cuatro años-- y Ana Grau --tres años--.
Con estas comparecencias se dan por concluidas la adopción de medidas cautelares para los 11 condenados por Fitur --se absolvió a la exconsellera de Turismo Angélica Such y al técnico Juan Bover-- hasta que el TS resuelva sobre los diferentes recursos que se van a presentar contra la sentencia de Fitur. El plazo para que el Supremo se pronuncie se reduce considerablemente al ser una causa con presos. Así, podría haber resolución del Alto Tribunal en el plazo de seis-ocho meses, en lugar de en un año o año y medio, han comentado fuentes judiciales a Europa Press.