El TSJCV mantiene la suspensión de la obligación de la Diputación de Alicante de dar 13 millones al Fondo de Cooperación

Gutiérrez celebra esta nueva resolución: "Los que realmente ganan son los alicantinos"

ALICANTE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto en el que desestima el recurso de reposición interpuesto por la Generalitat contra la suspensión cautelar del acuerdo por el que se obligaba a la Diputación de Alicante a sumarse, esta anualidad, al Fondo de Cooperación Municipal, con una aportación superior a los 13 millones de euros. El órgano judicial considera que la Generalitat no puede suplantar e interferir en las competencias de las diputaciones.

La Generalitat había solicitado la anulación de la suspensión cautelar, acordada por el alto tribunal en un auto a principios del pasado diciembre, y alegaba, entre otros motivos, que no se trataba de un conflicto entre los intereses del Gobierno valenciano y de la diputación sino que los intereses por los que debía velar eran los de los municipios de toda la provincia y advertía que el Fondo estaba previto tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley 5/2021. Asimismo, negaba perjuicios económicos para la corporación provincial.

Sin embargo, la sala no constaba contradicción entre los intereses de ambas administraciones a la hora de atender las necesidades de financiación de los municipios, pero no acepta que el ejercicio de competencias de la Generalitat "interfiera" y "suplante" la "genuina" de las Diputaciones en sus funciones a los municipios. De hecho, indica que los intereses en liza no son los de los municipios, "extraños y ajenos al recurso, por cuanto ninguno de ellos interviene en el procedimiento y ningún dato existe sobre una supuesta discriminación o deficiente gestión que se pretenda corregir".

En esta línea, subraya que lo que está en juego es el "legítimo interés" en preservar la autonomía de la Diputación en gestionar sus recursos dentro del marco legal que le confiere unas determinadas atribuciones.

Y en esta línea, rechaza el argumento de la Generalitat de que la aportación de los 13 millones al Fondo sea asumible para las arcas de la Diputación dado el remanente líquido de tesorería de que dispone porque esto significaría "penalizar una correcta gestión" presupuestaria de la corporación. Asimismo, subraya que, de acuerdo con la ley, ese remanente tampoco se podría destinar al Fondo.

Además, la sala señala que de no mantener la suspensión cautelar, la Diputación estaría obligada a aportar importantes recursos en detrimento de sus competencias y funciones, y añade que la Diputación tiene autonomía financiera constitucionalmente garantizada para alcanzar oa dministrar sus propios recursos y tomar la decisión en sus prespuestos que le permita atender sus obligaciones competenciales.

"GUERRAS DEL TRIPARTITO"

El diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, ha celebrado en un comunicado "esta nueva resolución del TSJCV, que salva, una vez más, a los municipios alicantinos más vulnerables de las garras del tripartito de izquierdas que está gobernando la Generalitat de espaldas a los intereses del ciudadano de a pie y en perjuicio del interés general".

Para Gutiérrez, esta "es una batalla en la que los que realmente ganan son los alicantinos y así se ha planteado desde la Diputación desde el primer día". El responsable del área de Infraestructuras ha defendido, además, "la importancia de este nuevo reconocimiento en favor de la autonomía de la Diputación, una institución que está por encima de todos los partidos políticos en la que debe respetarse su autonomía en el uso de los recursos y el pleno ejercicio de las competencias que tiene reconocidas por ley".

La Diputación de Alicante considera que la obligatoriedad que pretendía ejercer el Consell para que participara en el plan inversor autonómico "vulneraba la Constitución y la autonomía de las instituciones provinciales", por lo que el TSJ determinó el pasado diciembre la suspensión cautelar de esta acción.

En ese fallo anterior, el TSJ resolvía que la Diputación de Alicante no tenía que consignar en sus presupuestos de 2023 los más de 13 millones de euros que se le requerían para el Fondo de Cooperación Municipal, porque del dictamen se desprendía que los municipios de la provincia se verían "perjudicados" por esta exigencia al no recibir "ese cambio de destino de tales recursos".

Para la corporación provincial, "esto refuerza el hecho de que el sistema de reparto de la Diputación de Alicante beneficia más a las localidades de menor población, gracias a una inyección superior a los 43 millones para este ejercicio, a través del Plan Más Cerca del área de Infraestructuras".