Asegura que se trata de una "clara vulneración del derecho a la información" y califica de "intolerable" esa "mercantilización"
VALNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Unió de Periodistes ha denunciado públicamente este viernes que el Ayuntamiento de Buñol (Valencia) cobre a los medios de comunicación por el acceso a los balcones municipales para cubrir la tradicional Tomatina, que se celebra cada último miércoles de agosto, al considerar que supone la "mercantilización del derecho a la información".
"En una clara vulneración del derecho a la información, el Ayuntamiento de Buñol, a través de una empresa externa, exige entre 700 y 900 euros para acceder a los espacios reservados para los fotoperiodistas acreditados", expone La Unió de Periodistes en un comunicado.
Según la organización profesional, con el argumento de la "falta de espacio", el consistorio, en el que gobierna el PP con X Buñol tras las elecciones del 28 de mayo, ha optado por un "criterio económico" a la hora de dar acceso a las instalaciones municipales.
"En vez de establecer turnos de acceso o fijar unos criterios transparentes de acreditación, se ha optado por reducir las acreditaciones disponibles para mercantilizar un derecho básico, reconocido por la Constitución como derecho fundamental, como es el derecho a la información", subraya la entidad.
La Unió ha afirmado que, después de preguntar por esta práctica a la empresa concesionaria, ha respondido esta ha respondido: "Si no tienen dinero que se dediquen a otra cosa" o "poner a alguien a controlar quién sube o baja es demasiado trabajo".
A su juicio, se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales, ante lo que exige que los fotoperiodistas, cámaras, periodistas y fotógrafos profesionales puedan acceder a "un espacio de trabajo en condiciones donde poder desarrollar su labor antes, durante y después del acontecimiento".
"La Tomatina es una fiesta que también se ha hecho grande gracias a la difusión generada por parte de la prensa local y autonómica primero, y nacional e internacional en segunda instancia. Intentar hacer negocio de un derecho fundamental es intolerable", enfatiza la organización periodística.