VALENCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallart, ha mostrado este viernes su "satisfacción" ante la decisión del Tribunal Supremo (TS) de desestimar el recurso del Ayuntamiento de Valencia en el que pedía la suspensión cautelar de la Orden del Ministerio de Cultura que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), aunque ha lamentado que ahora serán los valencianos quienes tengan que pagar las costas del proceso cuando "debería ser la alcaldesa quien pagara por este patinazo".
En declaraciones a Europa Press, Gallart ha señalado que la sentencia, que mantiene la Orden Ministerial y, por tanto, la imposibilidad de llevar a cabo derribos en la zona afectada por el plan, "no puede ser otra cosa que un motivo de gran satisfacción" y demuestra que las cosas "van por buen camino" en el proceso que mantienen abierto el Gobierno y el Ayuntamiento en la Audiencia Nacional, que tiene pendiente todavía pronunciarse sobre el contenido jurídico de la Orden.
"Una vez más se nos da la razón a los vecinos e impide que el ayuntamiento lleve a cabo su objetivo, que era el de conseguir que mañana mismo las excavadoras estuvieran tirando ya casas", ha subrayado el representante vecinal.
No obstante, Gallart ha lamentado que ahora las costas, que deberá pagar el Ayuntamiento, tendrán que ser afrontadas "por todos los vecinos a través de los impuestos" cuando, a su juicio, debería ser la alcaldesa, Rita Barberá, quien "lo pagara de su bolsillo".
En cualquier caso, ha animado a la primera edil a que "en ese combate de procesos y en esa cuenta de sentencias se anote esta", al tiempo que le ha pedido que "recapacite" y "reflexione" sobre el "grave error" que ha cometido con la intención de prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través del derribo de viviendas en El Cabanyal "aún a costa de perjudicar a los vecinos".
Por ello, Gallart ha reclamado a Barberá que "abra la posibilidad de diálogo con aquellos que no piensan igual que ella" y no siga "empecinada" en recurrir la Orden de Cultura que paraliza los derribos al considerar que suponen un expolio de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).