Villena modificará el PGOU para frenar el decreto del Consell que "impone la implantación de fotovoltaicas"

El concejal de Urbanismo de Villena, Francisco Iniesta
El concejal de Urbanismo de Villena, Francisco Iniesta - AYTO
Publicado: lunes, 16 septiembre 2024 14:36

El Ayuntamiento aprueba una planta de 84 MW y vigilará que cumpla los requisitos

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villena (Alicante) prepara una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como respuesta al Decreto 7/2024 del Consell que "impone la implantación de plantas fotovoltaicas" y "aligera las condiciones de implantación de los proyectos de plantas solares".

"Con el decreto se ha puesto una alfombra roja a los proyectos de plantas solares y al Ayuntamiento un camino de piedras y obstáculos para ordenar nuestro propio territorio. Nuestra intención es lograr la autonomía municipal a la hora de ordenar cuántas, dónde y cómo queremos las plantas solares en nuestro territorio, y solo nos cabe una modificación puntual del Plan General", expone el concejal de Urbanismo, Francisco Iniesta.

Esta es la respuesta al último decreto del Consell que, entre otras medidas, eliminaba la posibilidad de establecer una suspensión general de licencias de obras como había establecido el Ayuntamiento en el pleno de julio, "dejando sin opciones a los municipios que habían optado por esta vía", argumenta el consistorio en un comunicado.

La intención del Ayuntamiento de Villena es recuperar la "autonomía municipal en la gestión del territorio", puesto que "a pesar de todos los informes y alegaciones que hemos presentado contra diferentes plantas solares, las administraciones con competencia (Conselleria y Ministerio) han ido autorizando casi todas".

"La modificación puntual del PGOU es la única opción que nos queda, ahora que tenemos menos herramientas para gestionar las solicitudes de instalación de plantas solares", remarca el edil.

APROBADA UNA NUEVA PLANTA: "NO NOS QUEDA OTRA"

De hecho, la junta local de gobierno ha aprobado este lunes la planta Argos, que tiene una potencia de 84 MW y que en su momento recibió informes contrarios por parte del Ayuntamiento y diferentes alegaciones. "Pero ante las autorizaciones que ha logrado de otras administraciones no nos queda otra que su aprobación. Eso sí, estaremos muy atentos al cumplimiento escrupuloso de las exigencias y requisitos que tiene que cumplir en su desarrollo", avisa el responsable de Urbanismo.

Su previsión es que, tal y como está la norma en vigor, se puedan implantar casi 15 proyectos en el término de Villena "con las consecuencias que ello conlleva, especialmente en zonas limítrofes a Sierra Salinas o La Encina, que mayor presión recibe".

A principios del próximo mes de octubre, el concejal mantendrá una reunión con responsables de la Generalitat para conocer de primera mano los efectos y las posibilidades reales que los ayuntamientos tendrán tras la entrada en vigor del Decreto 7/2024.

En concreto, según apunta el Ayuntamiento, esta norma amplía la superficie ocupada por proyectos fotovoltaicos del 3% al 10% del territorio, lo que supone que en Villena cabrían unas 15 plantas en todo su término. También reduce la capacidad municipal, puesto que sus informes pasan a ser 'no vinculantes' y se establece un silencio positivo a favor de las empresas solicitantes de licencias para ubicar una instalación de este tipo.

La medida, que entró en vigor en agosto, elimina la necesidad de disponer de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) a este tipo de proyectos de energía renovable y reduce las exigencias en cuento a garantías económicas y canon, además de prohibir a los Ayuntamientos las suspensiones generales de licencias, medida que Villena quería implantar este año.

"La energía renovable debe desarrollarse, pero no a cualquier precio, y no en contra de destruir paisaje o de modificar usos de suelo. De esta manera, no queremos energía renovable", subraya el edil de Urbanismo, quien mantendrá reuniones con colectivos y asociaciones para explicar la situación y establecer en su caso medidas de presión y manifestación contra la decisión del Consell.

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