VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', ha acudido de nuevo este miércoles a los juzgados donde ha dado marcha atrás en la versión que mantenía desde 2015 en el caso Imelsa: ha pedido perdón por hacer daño "a muchas personas", sin dar nombres, ha asegurado que manipuló las grabaciones que dieron lugar al procedimiento y ha criticado la actuación de la que fuera diputada de EUPV en la Diputación y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, denunciante de la trama, y le ha instado a explicar los pactos que tenía con su exsuegro.
Benavent estaba citado a las 12 horas en el Juzgado de Instrucción número 18 de València a petición propia tras cambiar recientemente de abogado y de estrategia: ha sustituido a Ramiro Blasco, quien le defendió desde que estalló el caso, por el penalista Juan Carlos Navarro.
El exgerente de Imelsa ha acudido a las dependencias judiciales unos diez minutos antes de su citación y lo ha hecho acompañado de su nuevo letrado. Ni a la entrada ni a la salida se ha querido parar a atender a los medios de comunicación que le esperaban y se ha limitado a decir que estaba "bien" y que en cinco años "había hablado muchos veces" y había sido "lo más amable posible".
En sede judicial, Benavent ha cambiado el discurso mantenido hasta ahora. Así, ha pedido perdón "a mucha gente" por acusar "sin ningún tipo de prueba", sin dar nombres, según ha podido saber Europa Press.
Además, ha cuestionado las grabaciones que aportaron Rosa Pérez y su exsuegro a la causa en varios pendrives. Ha indicado que están manipuladas puesto que grababa lo que quería y luego cortaba lo que no le interesaba. Lo desechaba.
Así, ha señalado que las grabaciones son malintencionadas y buscaba que el interlocutor dijera lo que él quería oír. Ha insistido en que están descontextualizadas porque las editaba y las cortaba a su antojo.
Sobre Rosa Pérez ha lamentado su actuación en este procedimiento y ha señalado que es una persona que tendría que decir qué tipo de pactos tuvo en su momento con su exsuegro y otros poderes. También ha aseverado que se reunió con ella cuando estaba el secreto de sumario, en julio de 2015.
Por otro lado, Benavent ha cuestionado la entrada y registro que hizo la Guardia Civil en el despacho de su entonces abogado y toda la documentación que se llevaron.
Ha indicado que cuando regresó a España para preparar su defensa, guardaba toda la documentación que tenía en el despacho de su letrado. En un momento dado, la Guardia Civil se lo llevó todo y se quedó indefenso, ha manifestado. Por este motivo, su actual abogado ha impugnado esa entrada y registro.
EL ESTALLIDO DE IMELSA
El caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa, la extinta empresa de la Diputación de Valencia. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.
De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas. La causa, que acabó dividida en diferentes piezas, en las que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel, llevó a la detención e investigación en enero de 2016 del expresidente de la Diputación con el PP Alfonso Rus y parte de su cúpula en la corporación provincial y también acabó en otra derivada: el 'caso Taula' o 'pitufeo', que afectó al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá al frente de la Alcaldía.
En varias de estas piezas ya se ha acordado la apertura de juicio oral. La primera es por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. En este caso se prevé sentar en el banquillo en una vista fijada para mayo y junio de 2022 a los primeros acusados que se enfrentan a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
Para Marcos Benavent la Fiscalía pide 8 años y tres meses de cárcel; para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina --cinco años--, y Rafael García Barat, administrador de Thematica Events --siete años--.
Paralelamente a estas piezas, el nombre de Benavent aparece relacionado con otros de los casos de corrupción más relevantes de la Comunitat Valenciana, Erial, que afecta al expresident de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana. Los documentos de la 'hoja de ruta' de esta causa (las licitaciones de los planes Eólico y de las ITV) tienen su origen en una documentación que un ciudadano sirio entregó a Benavent y que fueron hallados en un registro en el despacho de abogados del exgerente de Imelsa.
Marcos Benavent acudió por primera vez a los juzgados en mayo de 2015, cuando se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial pero sí que lo hizo ante los medios para definirse como un 'yonqui del dinero' y asegurar que se llevó de la Diputación de Valencia "dinero de todo", al tiempo que advertía de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad.