MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés) ha advertido a España de que "podría volver a la lista negra" de la piratería de Estados Unidos "si no realiza una mejora destacada de la protección del copyright durante este año".
El organismo, que ha publicado ya el Informe Especial 2014, retiró a España en 2012 de la lista de países "prioritarios" en la vigilancia tras la aprobación de la Ley Sinde. En el actual informe, el país se encuentra en "revisión" junto con Italia.
España aparecía en el informe de 2013 como parte de la lista de países vigilados, en la que se figuran un total de 19 países (como México, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Israel, Brasil, Turquía o Suiza).
Junto con la categoría de países vigilados, el Informe Anual de la IIPA 2014 incluye una categoría de países "prioritarios" en la vigilancia por su permisividad con este delito, entre los que figuran China, Argentina, Rusia, Chile, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Costa Rica e India, y entre los que se encontraba también España en 2011.
Además, incluye otras dos listas de países "adicionales" y de otros países que requieren una "mención especial". De este modo, el informe de 2014 incluye un total de 42 países en alguna de las listas de vigilancia.
La organización, que lleva más de una década elaborando el informe, representa a las empresas estadounidenses que comercian con contenidos protegidos por la propiedad intelectual a nivel mundial, entre las que se encuentran desde 'software' de ordenador hasta bases de datos, juegos, libros, música o películas.
En el caso de España, reconoce en el documento que "durante los últimos años, los legisladores han llevado a cabo una serie de reformas en la ley de propiedad intelectual que, si se aplicaran, podrían cerrar los recovecos que durante años han impedido tomar medidas contra la piratería".
Aún así, critica que "a pesar de los esfuerzos, la adopción de la reforma aún está pendiente y no se espera que entre en vigor hasta finales de 2014".
OTRAS REFORMAS
Por otro lado, considera que los "necesarios cambios" en la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para eliminar la necesidad de una orden judicial con el fin de establecer un "conocimiento efectivo" en caso de indicio de delito "parecen haberse quedado estancados".
"Mientras tanto sigue creciendo el mercado negro de copias sigue proliferando", recuerda la organización, que apunta tanto al comercio electrónico como a la venta "en las calles de las principales ciudades españolas".
"La industrias de contenidos están siendo obligadas injustamente a competir con quienes usan la piratería como un negocio en el que los beneficios son muy altos y el riesgo muy bajo", lamenta IIPA en una carta al director de la Oficina de Propiedad Intelectual e Innovación de los representantes de comerciantes de EE.UU., Susan F. Wilson.
Además, ha recordado que la pérdida de beneficios no afecta únicamente a las empresas y creadores estadounidenses sino que "lleva a la pérdida de ventas de los sectores creativos españoles y del Gobierno" y asegura que en 2012 el valor de la reducción de las compras alcanzó los 580 millones de euros en la industria musical y 269,5 millones de euros en la de los videojuegos.
De hecho, "la industria independiente del cine español facturaría un 42 por ciento más si no se produjera la piratería", asegura el informe, que cifra en 209 millones de euros las pérdidas provocadas por el acceso ilegal a contenidos de este sector en 2012.
Según la investigación de los impulsores del informe, en 2012 los españoles accedieron a videojuegos de forma ilegal valorados, en total, en 4.380 millones de euros.
Asimismo, las descargas "piratas" de música alcanzaron un valor de 6.900 millones de euros y, en el caso del software utilizado en los ordenadores de los españoles, más del 40 por ciento no tenía licencia, asegura el documento.
Por otra parte, se produjeron un total de 500 millones de descargas de productos audiovisuales, como películas o capítulos de series de televisión, por valor de 3.300 millones de euros.
De hecho, ha recordado que, según un estudio realizado en 2013 por Gfk y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido española, el 17 por ciento de los internautas del país creen que no hay ningún tipo de consecuencias legales por bajar material protegido sin autorización y más del 25 por ciento creen que "no hay nada moral o legalmente malo en hacerlo".
Por todo ello, para el caso de España, ha elaborado una serie de recomendaciones que, a su juicio, "deberían ser tomadas sin dilación", y entre las que destacan la creación de una autoridad nacional para coordinar la lucha contra la piratería con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior, buscar acuerdos con los anunciantes para que retiren la publicidad que ofrecen contenidos ilegales y resolver los errores en la legislación, además de dotar de recursos legales para procesar a los criminales.