El Congreso reclama al Gobierno que los investigadores puedan acceder al Sistema Español de Archivos

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso ha apoyado, con el voto a favor de todos los grupos, excepto PNV que se ha abstenido, una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas necesarias para asegurar el acceso de los investigadores al Sistema Español de Archivos y al Sistema de Archivos de la Administración General del Estado.

La iniciativa, reclama que este acceso cuente, además, con unos "criterios temporales que permitan" a su usuario "estudiar adecuadamente y sin restricciones arbitrarias la historia española del siglo XX".

Esta petición de los morados tiene como objeto poner fin a los obstáculos de acceso a estos archivos que existen a través de la Ley de Patrimonio Histórico, que impiden que se realice la consulta de los documentos si en ellos aparecen referencias nominales de personas, si la procedencia de la información es de ámbito policial y judicial, y/o si no ha transcurrido un periodo definido de entre 50 y 25 años, dependiendo de la casuística.

"Se considera que en estos tres supuestos afectaría al honor, la imagen y la intimidad de los individuos y, en algunos casos, a la protección del Estado", apunta la iniciativa de los morados, quienes consideran que esta interpretación "tan restrictiva" tiene "efectos perjudiciales y es incorrecta".

AFECTA AL CONOCIMIENTO DEL PASADO

Así, el portavoz de Cultura de Unidos Podemos, Eduardo Maura, firmante de la propuesta, expone en el texto que "una mención personal no implica que se vulnere el honor" y, además, señala que "existen documentos sobre el franquismo y la transición que contienen actos realizados públicamente o que tienen interés políticos" que no pueden ser estudiados a pesar de que, según ha apuntado, no existen imágenes degradantes de los afectados en los archivos.

A su juicio, se trata de "un problema que no afecta sólo a la comunidad investigadora, sino a la ciudadanía en su conjunto", porque "dificulta el ejercicio de un derecho constitucional y repercute en la divulgación y mejor conocimiento del pasado". "Afecta a la defensa de la memoria colectiva y social", concluye Unidos Podemos.