Un informe reivindica "el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural"

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Los derechos culturales: Hacia una nueva generación de políticas públicas', de Alfons Martinell, director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona; y Beatriz Barreiro, doctora en Derechos Humanos y profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la URJC, reivindica "el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural", tal y como han señalado sus autores este lunes durante su presentación "online", organizada por la Fundación Alternativas.

Este informe analiza la situación de los modelos clásicos de políticas culturales, que se encuentran "en dificultades de sustentación y son criticados por amplios sectores sociales", un contexto en el que se observa "la necesidad de un esfuerzo para una mayor adaptación de las políticas culturales nacionales, regionales y locales a un enfoque más proactivo en clave de los derechos humanos y culturales", según han destacado.

Martinell ha señalado que este informe responde a la pregunta de "por qué los derechos culturales son tan poco conocidos y reclamados" en el ordenamiento de "políticas públicas". A su juicio, se trata de garantizar, en base a un derecho reconocido por la comunidad internacional, "el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural, porque la cultura, en todas sus dimensiones, es un derecho universal".

Para este autor, las políticas públicas han de cubrir unos "servicios básicos" a través de las diferentes administraciones, pero en este momento, en España, casi el 70% del gasto público en cultura lo realizan las "administraciones locales", sin obligación normativa a hacerlo, porque ven la "necesidad que las ciudades tienen de cultura", y las autonomías han creado modelo de políticas culturales de "Estado-nación", con equipamientos "de país" en cada una de las 17 autonomías queno corresponde a la "realidad actual" y que ha generado un "gasto público descontrolado".

Según Martinell, la cultura es un "servicio esencial", pero la sociedad no ha sido capaz de definirlo como tal, y durante el confinamiento del Covid-19 ha sido un "elemento importante para soportarlo". Lo que a su juicio ha demostrado esta crisis es que la vida cultural, privada y colectiva es "básica para soportar situaciones de gravedad, y la sociedad tiene una deuda con la cultura. "Espero que en la recuperación se sepan adoptar medidas para que el sector cultural, que ha aportado mucho más a la colectividad que otros, reciba el resarcimiento que se merece"", ha dicho.

Entre las medidas necesarias para implantar una nueva generación de políticas públicas, Martinell apuntó a la creación de unos "servicios mínimos, como se ha planteado en Francia". En este punto, el profesor ha mostrado su sorpresa por el hecho de que España no tenga una "ley de cultura" tras más de cuarenta años de Constitución democrática, y cree que la situación se "atomizado" al no haber un "marco de referencia".

Por su parte, Barreiro ha explicado que el objetivo de este documento es analizar un modelo de políticas públicas culturales que lleva "muchas décadas" siendo el mismo, y se trata de un "recurso muy útil" para inspirar un cambio en el "derecho internacional de los derechos humanos" y, en concreto, en un tratado internacional como es el "pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales".

Para Barreiro, ante crisis como la del coronavirus, los Estados están "obligados" a hacer recortes, pero el derecho internacional establece un "procedimiento" para asegurar que el contenido esencial de los derechos humanos sea "respetado". España, por su parte, debe realizar un "estudio de impacto" sobre cómo los recortes afectan a las poblaciones más vulnerables, así como al conjunto de los derechos humanos. Sobre este punto, la experta puntualizó que España "es uno de los pocos Estados que ha asumido un mecanismo muy particular en el que los ciudadanos pueden enviar una comunicación individual al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar la posible violación de un derecho".